al comienzo el protagonizado por la alcaldía Benito Juárez, que encabeza el panista Luis Mendoza Acevedo, y el Gobierno de la Ciudad de México, cuya titular es la morenista Clara Brugada Molina, quienes primero autorizaron la celebración, con una hora de diferencia, de sendos eventos en la Plaza México (el show Coco) y en el estadio de la Ciudad de los Deportes (un encuentro de futbol) el 2 de noviembre pasado y, luego de no haber medido el tremendo caos que provocaron los horarios empalmados (8 y 9 de la noche), decidieron actuar con toda energía, por lo que el mismísimo alcalde Mendoza colocó los listones de clausura en el coso y en el estadio, ambos propiedad de Antonio Cosío Pando.

He estado puntualmente checando, estoy en coordinación con la Jefa de Gobierno, quiero comentarles, que estamos tomando esta decisión conjunta para decir: aquí hay orden, vamos a trabajar en conjunto por el bienestar de todos los vecinos, que demos seguridad a las familias y a todos los asistentes, declaró orondo el alcalde Mendoza, cuya demarcación, con él o en la administración pasada, autorizó precisamente la celebración de ambos eventos, para luego culpar a los respectivos concesionarios, que por lo menos hace tres décadas se mueven a sus anchas.

Como todo fue oportunidad para montar una representación de que la autoridá ahora sí va a actuar con toda energía en beneficio de vecinos, público y eventos, transcurridos cinco días del sainete se levantaron las respectivas clausuras, no sin antes reunirse con el secretario de Gobierno de la ciudad y comprometerse los concesionarios a observar los lineamientos de Protección Civil, a no dar espectáculos en ambos escenarios el mismo día y a que todo evento debe finalizar a más tardar a las 23 horas. Autorizar, provocar colapsos, clausurar y levantar clausuras. ¡Qué ociosidad!

Detrás de estos conatos de energía justiciera en favor de la gente está la pérdida de respeto y creciente descuido de concesionarios, autoridades y propietarios por un inmueble que hace años debió haber sido declarado patrimonio cultural de la Ciudad de México, tanto por su calidad arquitectónica, instalaciones, aforo y comodidad, como por ser el escenario taurino más importante de Latinoamérica, pero entre dudas de gobiernos remilgosos, escasa afición de concesionarios, inexcusable omisión de la autoridad para observar y hacer observar el reglamento, resignada desidia de sucesivas generaciones de aficionados y público, y penoso conformismo de los propietarios –a mí mi renta–, la suerte de la monumental plaza y del estadio de futbol está echada.

Juezada no es término que incluyan los diccionarios, tan propios, tan respetuosos de la ley más que de la realidad y el idioma, pero le doy la definición, amable lector:

Ocurrencia o decisión arbitraria a cargo de un juez, que violenta la ley y los usos y costumbres de una comunidad por atender a la demanda caprichosa de una minoría a cambio de algún estímulo o por motivos extrajudiciales.

Así, en Guadalajara, al cabo de casi un año, la juezada supo recapacitar y revocó la antojadiza suspensión que impedía celebrar festejos taurinos en el municipio. Y es que el 5 de diciembre de 2023 el juez Luis Alberto Márquez Pedroza dictó –ah que los dictadores– la suspensión definitiva de festejos, derivada del juicio de amparo interpuesto por el persuasivo grupo animalista Animanaturalis. Ya lo sabe: si algo no le gusta, forme su grupito, bautícelo y recurra a la juezada en turno.