Este fin de semana comenzó a circular entre legisladores locales el proyecto de dictamen que aprueba la eliminación del delito de aborto en la Ciudad de México, esto implica que ninguna mujer será criminalizada por interrumpir su embarazo en cualquier etapa de la gestación. Actualmente en la capital del país es legal hasta las 12 semanas.

De acuerdo con el proyecto de dictamen, que será presentado hoy en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso, se propone eliminar el artículo 130 del Código Penal local referente al aborto porque conservarlo representa un riesgo para la práctica de la interrupción legal del embarazo, debido a que dificulta la atención de emergencias obstétricas por temor a sufrir consecuencias legales, en detrimento de la salud integral de las mujeres.

El delito de aborto es una cuestión irracional y contraria a la teoría de los derechos fundamentales que está construyendo la Ciudad de México, indica el documento.

Únicamente sería penalizado de cinco a ocho años de prisión a quien realice la interrupción del embarazo de manera forzada, dolosa y sin consentimiento; si esto se hace mediante violencia física o moral aumentarán las penas de ocho a 10 años.

El proyecto de dictamen hace referencia a la opinión enviada por la Comisión de Derechos Humanos local, que respalda eliminar de los tipos penales referentes al aborto excepto el engendro forzado, pues contribuye a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, lo que a su vez permite avanzar en otros derechos como a la salud, a la vida, a la información, entre otros. Destacan las opiniones positivas de organizaciones como Católicas por el derecho a decidir.

En contraste, también se hace referencia a la entrega de 9 mil 300 firmas electrónicas por parte de la organización CitizenGo en contra de la iniciativa, que considera que con la reforma se pretende legalizar el asesinato de los más indefensos de nuestra nación.

El proyecto de dictamen se basa en lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la libre autodeterminación de las mujeres sobre su cuerpo, con la elección individual de los planes de vida de una persona, por lo que considera que el Estado, en este caso la Ciudad de México, debe facilitar a partir de sus instituciones la realización de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales que la persona elija.

Por ello, indica, es necesario remover todos los obstáculos que sean discriminatorios para que las personas puedan acceder a esos planes de vida. Así también se atiende el derecho a la salud, con el fin de “evitar que las mujeres continúen –contra su voluntad– un embarazo que las coloca en riesgo de padecer una afectación de salud”.