El juzgado primero de distrito, con sede en Morelia, Michoacán, concedió una suspensión provisional a todos los integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) contra diversos ordenamientos de la reforma judicial.

El fallo incluye los que conllevan acciones que tengan por objeto cesar o remover a los juzgadores, obligarlos a participar en el proceso electoral extraordinario de 2025 y ordinario de 2027, como condición para mantener su nombramiento, y también afectar sus remuneraciones para reducirlas a un monto menor al asignado a la presidenta Claudia Sheinbaum.

A diferencia de otras suspensiones, este juicio de amparo, que recayó en el juez Sergio Santamaría Chamú, se otorga en favor de más de mil 300 juzgadores, y señala de manera directa que en caso de desacato de la suspensión, la Presidenta, así como cualquier servidor público será responsable por los actos u omisiones en que incurra en el desempeño de sus respectivas funciones, entre otros supuestos, por violaciones a la Constitución y las leyes federales, y será imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos ilícitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.

Al MP si hay desacato

De manera enfática, establece para la presidenta Sheinbaum, los integrantes del Congreso de la Unión, del INE y del Consejo de la Judicatura Federal: se les conmina a que se abstengan de incumplir los efectos de esta suspensión, pues, en caso de que eso ocurra, se procederá de inmediato a dar vista al MP, para que inicie la investigació que corresponda contra los involucrados.

También ordena al Senado suspender el proceso electoral del primero de junio de 2025, en el que se elegirá a jueces y magistrados por voto popular; a la Cámara de Diputados le señala que deberá promover lo necesario para que no se adecuen las leyes federales correspondientes para dar cumplimiento al decreto reclamado que da vigencia a la reforma judicial; y que en los presupuestos de egresos que correspondan a los años subsecuentes deberán garantizarse los salarios y prestaciones que rigen actualmente en la Jufed.