La auditoría de la cuenta pública 2023 acreditó que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), sin titular desde hace más de tres años, presentó diversas deficiencias, como no reunirse al menos dos veces al año para asegurar la coordinación entre el gobierno federal y los estados y municipios, y así aplicar políticas y estrategias con el fin de garantizar la adecuada protección de los derechos de más de 38 millones de menores.

En su reciente informe, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) corroboró también que, contrario a lo establecido en la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, nueve años después de la creación de la secretaría ejecutiva del organismo, no se ha integrado el sistema nacional de información con datos estadísticos sobre la situación de vulnerabilidad de los derechos de ese sector de la población.

Tampoco se dispuso de los datos estadísticos de los sistemas de información de quienes son susceptibles de adopción ni los registros de quienes están bajo custodia de los centros de asistencia social.

De igual forma, no se contó con el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social; las bases de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes, ni el reporte de autorizaciones de profesionales en materia de trabajo social y sicología o carreras afines para intervenir en procedimientos de adopción, detalló en su informe el órgano fiscalizador.

Lo anterior, debido a que la secretaría ejecutiva del Sipinna no se coordinó con sus pares de los sistemas de las entidades y el Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para el intercambio de información necesaria, señaló.

Así, ante tales incumplimientos, la ASF concluyó que persistió el problema público respecto a que las instancias que integran el Sipinna no han institucionalizado el enfoque de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, mediante políticas públicas en la materia, lo que no contribuyó a garantizar, proteger y promover sus derechos.