alvo una tendencia a glorificar su propio historial (recuérdese el refrán: elogio en boca propia es vituperio), los ministros que ayer declinaron a buscar su continuidad en la Corte fueron incapaces de unificar sus explicaciones o justificaciones: unos parecieron especialmente interesados en dejar constancia de que cumplieron en tiempo con los requisitos para recibir sus jugosos haberes de jubilación, otra (Margarita Ríos Farjat) anunció que cederá íntegramente dichos ingresos, y la principal figura, la ministra presidenta, Norma Piña, en lugar de pelear ejemplarmente hasta el final y con todos los recursos que tuviera al alcance, prefirió allanarse, aceptar su realidad.

Siete ministros que en términos generales se opusieron a una normatividad constitucional específica, pero ahora la asumen para no perder su onerosa placidez de pensionados de excepción; que renuncian el 30 de octubre de 2024 (porque así lo establece un artículo transitorio, para no perder derechos), pero con efectividad hasta el 31 de agosto de 2025; que siguen negando reconocimiento a una letra constitucional que sí reconocen para efectos jubilatorios, pero que tratarán de desacreditar o disminuir en una sesión de eventual revancha el próximo 5 de noviembre. El octavo ministro de salida, Luis María Aguilar Morales, lo es porque el último día de noviembre termina el lapso para el que fue electo.

La que debería ser ejemplar generala a la hora de la retirada, Norma Piña, fue escueta en un posicionamiento pálido: Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige. Pues sí, reconoce la vigencia y legitimidad del texto constitucional que hoy nos rige y queda disponible para que la beneficien los jubilosos términos de su jubilación.

Viene, en dado caso, la posibilidad de un desquite sin riesgo de perder la calidad de pensionados de lujo, pues el martes 5 de noviembre sesionará la Corte para resolver las objeciones acumuladas contra la enmienda judicial. Podrían, ahí, acelerar una crisis constitucional si sentencian que sólo serán elegibles los cargos que ocho de 11 ministros ya están dejando, más las magistraturas del tribunal electoral y los miembros del tribunal disciplinario, pero no el grueso del aparato judicial federal, los restantes jueces y magistrados. ¿Acatarían los poderes Ejecutivo y Legislativo tal determinación del Judicial? En caso de desacato, ¿el Poder Judicial ordenaría detenciones y destitución de cargos en los poderes Ejecutivo y Legislativo?

Por lo pronto, ayer hubo otro golpe seco al multicitado Poder Judicial, pues el Legislativo cerró en lo general el proceso federal para impedir que los jueces puedan impugnar reformas constitucionales. Prestos están los congresos locales de mayoría morenista para cumplir su parte y luego será publicado tal blindaje en el Diario Oficial de la Federación. Anoche se debatía sobre la pretensión guinda de establecer que la nueva disposición tendría retroactividad o aplicación en procesos de impugnaciones en curso; de aprobarse, tendría dedicatoria a la sesión de la Corte del próximo día 5, con ánimo invalidatorio.

En el Instituto Nacional Electoral, mientras tanto, por seis votos contra cinco se decidió entablar ante la Corte una controversia constitucional para deshacer la tramposa inserción a última hora, en el marco general de la reforma judicial, de una disposición para que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, pueda tomar decisiones (nombramientos de direcciones generales; la supremacía de la Junta General Ejecutiva) por sí misma y sin respetar el histórico sentido colegiado del Consejo General de dicho instituto. Hubo reproches de Taddei y exabruptos de Sergio Gutiérrez Luna. Al final, deberá presentarse tal recurso de controversia constitucional ante la Corte. ¡Hasta mañana!

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