La Fiscalía General del Estado de Querétaro se desistió de toda acción penal contra la niña Esmeralda, de 14 años de edad, acusada de homicidio doloso por aborto involuntario de su bebé de 36 semanas de gestación, resultado de una violación, informó Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres federal.

En un video que la funcionaria divulgó ayer en su cuenta de la red social X, acompañada por el fiscal general de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús, explicó que la medida equivale a retirar el cargo por el cual Esmeralda fue señalada, y no se llevará a cabo el juicio al que sería sometida la semana próxima. También se anuló el arresto domiciliario que se le había impuesto.

Adelantó que para evitar situaciones similares, se firmará un convenio de colaboración para capacitar al personal de la fiscalía queretana, con el objetivo que haga su labor con perspectiva de género.

Anunció también que siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se estableció un acuerdo entre los gobiernos federal y de Querétaro para acompañar a Esmeralda de manera integral, y así la reparación y no repetición sea lo que predomine en el caso, y daremos seguimiento, para que el desarrollo de la adolescente sea en paz, con bienestar, en la escuela y soñando un futuro mejor.

También exhortó al Congreso de Querétaro, entidad gobernada por el PAN, a legislar ya para despenalizar el aborto en la entidad, y sostuvo que todos los acuerdos firmados con la fiscalía dejan un antecedente hacia adelante en un México donde la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dicho con mucha claridad: necesitamos seguir abonando a una realidad de justicia, igualdad y de prevenir las violencias hacia las mujeres, sobre todo hacia las niñas.

Hernández aclaró que la investigación por homicidio comenzó a principios de 2024, cuando estaba otro fiscal, Alejandro Echeverría, no durante la gestión de Antonio de Jesús, quien asumió el cargo en agosto pasado.

Mayra Dávila, del colectivo Adax Digitales, que dio a conocer el caso, consideró que retirar el cargo de homicidio implica un precedente fundamental para promover acciones que ayuden a garantizar plenamente los derechos de niñas y mujeres.