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Familia de víctima de feminicidio tardó 11 años para ser escuchada

Acusan que medios difundieron mentiras sobre el caso de su hija

 
Periódico La Jornada
Lunes 28 de octubre de 2024, p. 16

Nieves Aguilar Barragán y su esposo Juan Camacho Ramos libraron durante los últimos 11 años una ardua batalla contra el sistema judicial para lograr justicia plena ante el feminicidio de su hija Sandra Camacho Aguilar. La semana pasada, al fin, llegaron con su caso y su exigencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se lo debemos a nuestra Sandy, cuenta Nieves, su madre, maestra de primaria en Ixtapaluca. Describe a su hija: la alegría de la casa, niña de 10 en la primaria, la chica que terminó la prepa a los 17 años. Estaba por empezar su carrera de nutrióloga en una universidad mexiquense; le gustaba el mole, mecerse en la hamaca, bailar y cocinar. Sus abuelos la adoraban.

El abogado defensor Rodolfo Domínguez, especializado en casos de feminicidio, recuerda que cuando conoció a Juan y a Nieves, estos padres lastimados en lo más profundo libraban una muy compleja lucha legal en soledad, sin asesoría ni recursos financieros y en medio del acostumbrado ruido mediático que encontró material de sobra para el amarillismo en el caso de la joven descuartizada de Tlatelolco por un genio.

Empezaron con un gran riesgo de impunidad, señala Domínguez. El perpetrador, Javier Méndez Ovalle –tenía 19 años en la fecha del crimen– había logrado que su caso fuera clasificado como homicidio, con una pena menor, y que en el expediente no se citara explícitamente el ataque sexual y la extrema violencia ejercida contra la muchacha.

No fue torturado

La defensa del victimario alegaba que Javier era un novio más de Sandra (falso), que al momento de la agresión el sujeto fue presa de una emoción violenta, que no tuvo una defensa adecuada y que fue torturado. Un peritaje con el protocolo de Estambul demostró lo contrario. No fue torturado.

Méndez incluso gozaba de la simpatía de las autoridades. La primera fiscal a cargo, Claudia Cañizo, expresó empatía por el presunto feminicida, esforzado, educado, refiriéndose a quien había violado y estrangulado a una chica a la que recién había conocido y llevado a su departamento. Después cortó su cuerpo en pedazos, los metió en bolsas de plástico y los dispersó en varios botes de basura de la unidad Tlatelolco.

El juez Fernando Guerrero Zárate, del séptimo juzgado, quien a pesar de los recursos de inconformidad reclasificó el caso como homicidio en dos ocasiones, reprochó en una de las diligencias a los padres de Sandra: Ustedes, a este muchacho tan joven, le están arruinando la vida con todo un futuro por delante.

Rebajó la pena carcelaria de 60 a 50 años. Y fijó una reparación del daño por el monto que se paga en casos de muerte por accidente laboral. Para Juan y Nieves, fue una resolución revictimizante y discriminatoria. En las sucesivas sentencias de los tribunales siempre se sostuvo que los jóvenes habían tenido relaciones sexuales con consentimiento, según la versión de Méndez. Se ignoraron los dictámenes forenses que documentaron lesiones consistentes con un ataque sexual violento.

Sandy, nuestra bandera para una vida libre de violencia

Aunque se trata de una sentencia en firme, la familia de Sandra Camacho logró que la Suprema Corte aprobara la atracción del caso en abril de este año tras infatigables esfuerzos por lograr una sentencia que no sólo castigue al victimario, sino que establezca un precedente legal para hacer más eficaz la justicia bajo la obligada perspectiva de género en casos de feminicidio. Demandan también que la reparación del daño no sea sólo monetaria, sino integral, restauradora de la verdad y la dignidad de la víctima.

Establecer jurisdicción

Ahora esperan que la historia de su hija establezca una jurisdicción más avanzada, una bandera para una vida libre de violencia para las mujeres, dice su madre.

Irinea Buendía, protagonista de otra de las grandes batallas judiciales para obtener justicia por el feminicidio de su hija Mariana Lima (tenía 28 años cuando fue ultimada por su esposo en 2010), asegura que este es un tema crucial. Expresa: cuando nos niegan la reparación del daño integral nos niegan como víctimas, nos tratan como si sólo quisiéramos quitarles su dinero. Lo que exigimos es limpiar la memoria de nuestras hijas (inicialmente el caso de Mariana fue juzgado como suicidio; en el caso de Sandra como homicidio de una mujer difamada en los medios). Frente a la suciedad que se divulgó, los jueces tienen que sentar un precedente de verdad.

Explica el abogado Domínguez: si el caso de Mariana Lima fue toral para sentar jurisdicción sobre cómo investigar el feminicidio, el de Sandra Camacho debe establecer obligaciones para los tribunales sobre cómo juzgar este delito.

Los ministros deben sentar precedente para que los jueces y magistrados superen las malas prácticas que, como en este caso, insistieron en clasificar el delito como homicidio, con penas de cárcel menores y sobre todo ignorando todos los elementos de violencia sexual extrema y tratamiento destructivo y degradante del victimario.

También deberá resolver sobre la mala práctica en la tercera Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que justificó la violencia extrema ejercida contra la joven de 17 años porque se expuso a una situación de riesgo.

¿Genio?

Dos días después de asesinar a Sandra Camacho en un departamento del décimo piso del edificio Presidente Juárez en Tlatelolco, propiedad de sus padres, Javier huyó de la Ciudad de México cuando supo que su madre, Virginia Ovalle, fue llevada ante un Ministerio Público a declarar. Logró sobrevivir con un nombre falso en San Luis Potosí hasta que fue detenido 16 meses después e ingresado al Reclusorio Norte.

Para muchos medios de prensa, el perfil del joven feminicida llamó más la atención que la tragedia de la víctima. Los titulares de la época hablan del genio, el estudiante modelo, el campeón de matemáticas. El frenesí del amarillismo culminó con un reportaje que publicó la revista emequis con gran despliegue de fotografías del joven Méndez recibiendo premios. Su autor, Alejandro Sánchez González, lo describe como hijo de familia educado en el esfuerzo, con un desempeño académico superior. A Sandra, la víctima, la perfila como una muchacha que no atina a definir qué hacer después de no aprobar el examen de admisión para una carrera (falso también). Fantasea con ser edecán, fantasea el reportero.

Su apreciación del feminicida contrasta con lo que concluyeron los sicólogos y peritos del penal después de numerosos análisis de su personalidad. Estos constatan que Méndez Ovalle tiene un coeficiente mental término medio; que despliega una actitud sobrevalorada de sí mismo y tiene un perfil narcisista con una conflictiva importante con la figura femenina y el área sexual.

De la autopsia de los fragmentos del cuerpo que se encontraron se desprende que ocurrió un ataque sexual violento que dejó lesiones en la zona genital, que hubo lesiones indicativas de lucha y maniobras instintivas de defensa de la víctima (lo que contradice la versión de una relación consensuada, como sostiene el feminicida y replica el reportero de emequis). La muerte es provocada por estrangulamiento. Sobre la fragmentación del cuerpo de Sandra, los peritos concluyen que por la forma de los cortes (con un cuchillo de cocina) el victimario tenía conocimiento previo de la anatomía humana para estar en posibilidad de desarticular miembros toráxicos y pélvicos.

La responsabilidad de Méndez Ovalle en la forma como atrajo a la joven a su departamento, la atacó sexualmente y la estranguló quedó plenamente acreditada por los dictámenes de química forense y genética que identifican ADN del victimario en el lugar de los hechos. La presencia de sangre con el ADN de Sandra fue determinada con los dictámenes de química (luminol) en la sala, la cocina y la azotehuela y en unas tijeras y un cuchillo de la cocina del departamento en la unidad Tlatelolco, propiedad de la familia Méndez Ovalle.

Ahora la primera sala de la SCJN tiene la palabra.