La cooperativa Cruz Azul demandó al gobierno de Hidalgo a acatar las sentencias judiciales emitidas a su favor para recuperar la planta cementera en Tula, que lleva cuatro años sin operar y con pérdidas por 25 mil millones de pesos.

Rafael Anzures Ortiz, director jurídico de la cooperativa, rechazó el ofrecimiento del secretario de Gobierno, Guillermo Olivares, quien planteó negociar con el grupo disidente liderado por Federico Sarabia, ex colaborador de Guillermo Billy Álvarez, ex presidente del consejo de administración prófugo de la justicia.

Por el contrario, le instó a aplicar las tres sentencias judiciales, una de ellas tiene más de un año que le fue notificada, y ejecutar las órdenes de aprehensión contra quienes mantienen tomada la planta desde el 2020.

Afirmó que lejos de atender los mandatos judiciales que le han sido notificados personalmente por la sexta sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el funcionario estatal “fue a la fábrica que se encuentra desde hace cuatro años secuestrada a ver cómo estaba y a decir ‘¿por qué no mejor les pagan a esas personas que ilegalmente tienen retenida esta unidad industrial?’”. Por ello, el representante jurídico solicitó la intervención del gobernador de la entidad, Julio Menchaca para que sean acatados los recursos legales emitidos por los tribunales, ya que también ha dejado a más de 3 mil personas sin un empleo.

Confiamos en el gobernador, sabemos que es una persona de leyes y es justamente la razón por la que estamos pidiéndole que apoye los mandatos que han llegado para que puedan ser cumplidos y en ese sentido Cruz Azul pueda recuperar la planta, señaló el representante legal del Consejo de Administración, Víctor Velázquez Rangel.

Saquearon las instalaciones

En conferencia de prensa en las oficinas corporativas en la capital del país, Anzures Ortiz dio a conocer que en los últimos cuatro años la compañía se ha visto obligada a incrementar la producción en el resto de sus unidades (Oaxaca, Aguascalientes y Puebla) para soportar la falta de operaciones en la planta ubicada en la localidad de Jasso, municipio de Tula.

Expuso que antes del conflicto, dichas instalaciones tenían la capacidad de producir entre 35 y 40 por ciento del total de cemento de la cooperativa, una de las más grandes de Latinoamérica y del país, ya que por su cercanía con la Ciudad de México surtía a la zona del centro.

Mencionó que tras realizarse una asamblea de socios en el año 2022, las más de 100 personas que mantienen tomadas las instalaciones fueron excluidas de la cooperativa, entre ellos Federico Sarabia, Alberto López Morales, Alfredo Rangel Díaz, Humberto Guadalupe Tapia, entre otros.

El litigante acusó que el grupo disidente ha causado pérdidas millonarias, ya que saquearon productos y material a través de 40 empresas factureras.