l gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se quedó atorado. No sólo él: también el coordinador de los diputados federales morenistas, Ricardo Monreal, y otros legisladores. El breve atorón (unos 10 minutos) fue en un elevador de San Lázaro, por sobrepeso de los ocupantes (subieron más de los que el ascensor podría mover) en el contexto de una visita de cortesía que hizo el gobernador, como antes lo había hecho con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en una especie de gira acotada de relaciones públicas y control de daños en la capital del país, mientras aquel estado, y en particular Culiacán y sus alrededores, siguen inmersos en la guerra entre facciones del crimen organizado ( chapitos contra mayitos), sin que el gobernador visitante haya atinado ayer ante sus interlocutores federales a sugerir siquiera un atisbo de calendario para la terminación de hostilidades.

Tal vez, como el pasado 15 de septiembre lo confesó en Culiacán el general Jesús Leana Ojeda, entonces comandante de la tercera Región Militar, el fin de tal belicismo entre cárteles ni siquiera depende de los civiles dizque gobernantes. ¿Cuándo volverá la paz a Sinaloa?, se le preguntó, y el general de división, diplomado de Estado Mayor, se sinceró: Queremos que sea lo más rápido posible, pero no depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos, que dejen de hacer confrontación entre ellos y que estén dejando a la sociedad en paz.

La cruda revelación doctrinal del general Leana no le llevó a alguna forma de castigo, sino de premio: llegando Claudia Sheinbaum al poder, fue trasladado de las fieras tierras norteñas a la comandancia de la primera Región Militar, que comprende la Ciudad de México y los estados de México, Hidalgo y Morelos. Decir la verdad, paga.

Fue un día de acontecimientos preocupantes en relación con el crimen organizado, no sólo en Sinaloa, donde están por cumplirse 50 días de crisis de seguridad pública, por cuenta de los grupos criminales y también de las fuerzas federales, con el gobernador Rocha Moya en acelerado declive de credibilidad y confiabilidad. En Guanajuato, plaza panista desde hace más de 30 años, se produjeron dos atentados con sendos carros bomba, dejando heridos y daños materiales diversos.

Muchos factores acumulados pueden advertirse en esa incesante acción criminal en Guanajuato, pero hay un ingrediente peculiar en esta ocasión: por primera vez un gobierno estatal de origen panista ha accedido a posibilitar acciones conjuntas con el gobierno federal morenista para tratar de frenar tales recurrencias delictivas de cárteles como el de Santa Rosa de Lima, cuyo jefe, encarcelado, tiene como mote El Marro.

Libia García, gobernadora de Guanajuato, se reunió días atrás con la presidenta Sheinbaum y acordaron medidas conjuntas para enfrentar a los grupos criminales. Lo de ayer fue una escalada, con autos bomba, que pareciera conllevar mensajes de índole estatal y nacional y, además, da material al intervencionismo gringo que desea combatir el narcoterrorismo en territorio mexicano.

El otro punto crítico del jueves rojo estuvo en Tecpan de Galeana, Guerrero, donde parte de un grupo criminal autodenominado GNG (Guerrero Nueva Generación, según las interpretaciones del caso) fue neutralizado mortalmente por elementos federales, en una muestra más de la evolución mortífera de los criterios y políticas de seguridad pública de la administración claudista.

No está de más mencionar que esa evolución (liberar gatillos, ha mencionado este tecleador) mantiene la tesis de los abrazos en las causas sociales, pero con balazos en la operación cotidiana; es decir, detención de generadores de violencia, neutralizaciones funerarias, despliegue de mandos militarizados en seccionamientos del país y mayor acción en cuanto a formulación de cargos penales en los casos que sea posible. ¡Hasta el próximo lunes!

X: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx