A 13 años de su “ejecución extrajudicial con armas de uso exclusivo del Ejército”, el caso de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía sigue impune, ya que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, las de antes y las de ahora, han hecho muy poco para brindar verdad y justicia, afirmó Lourdes Mejía Aguilar.

La madre del estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirmó que su activismo caló en el nervio autoritario dentro y fuera de la UNAM, sufriendo hostigamientos y amenazas.

Meses antes de ser privado de la vida, el 26 de octubre de 2011, sufrió la persecución por el aparato de seguridad impuesto por las autoridades universitarias; también fue estigmatizado en su condición de activista, llamándolo infiltrado, recordó.

En conferencia de prensa afuera del búnker de la FGJ, denunció que integrantes del Ejército, matriculados como estudiantes de la FES-Cuautitlán, hicieron seguimiento de Carlos Sinuhé, lo que forma parte de los actos de encubrimiento que siguen afectando la investigación, de la cual han sido borrados archivos.

Los hechos

Aquella noche, después de haber salido de Ciudad Universitaria, fue alcanzado hasta la comunidad de Topilejo, donde fue ultimado con armas de uso exclusivo del Ejército; fue víctima de un crimen de Estado, el cual sigue impune, señaló.

La enorme carga política y de criminalización desplegada por los primeros investigadores, indicó, propició la pérdida de pruebas e indicios que pudieran revelar la verdad y, sobre todo, cómo fue que intervinieron integrantes del propio Ejército, como sospechamos.

En el momento que fue ejecutado, recordó, había presencia policial en el lugar, por lo que no debemos olvidar que personal de la entonces Secretaría de Seguridad Pública capitalina hoy sigue en las nóminas de la UNAM.

Lourdes lamentó que en el caso de Carlos Sinuhé, como en la enorme mayoría de los hechos de violencia de Estado, los colores partidarios que ocupan los cargos de gobierno y de la fiscalía no han generado un cambio en materia de justicia.

El encubrimiento y la dilación, acusó, son permanentes, sobre todo cuando está involucrada una institución como la UNAM.