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Preocupa a ONG afectación a derechos humanos por reforma al 1º constitucional
 
Periódico La Jornada
Jueves 24 de octubre de 2024, p. 10

Luego de que Morena en el Senado modificó la iniciativa de reforma que presentó para que no procedan amparos contra los cambios a la Constitución, organizaciones y colectivos de familiares de personas desaparecidas urgieron a garantizar que ninguna de esas modificaciones afecten o vulneren el principio de progresividad de los derechos humanos, establecida en el artículo 1º de la Carta Magna.

En este sentido, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludó la amplia, sólida y plural defensa de dicho artículo constitucional, reformado en 2011, así como la apertura para resguardar su contenido, ya que –enfatizó– ha sido clave para el avance progresivo de los derechos humanos reconocidos en normas internacionales.

En un posicionamiento, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México externó su confianza porque se retire la propuesta de modificación al artículo 1º constitucional como se anunció ayer en comisiones del Senado, ya que –advirtieron– la propuesta presentada el martes por el coordinador de Morena, Adán Augusto López, limita la aplicación de la normatividad internacional y el control de convencionalidad, lo que representa un acto regresivo que va en contra de la obligación de México con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.

Los más de 90 colectivos de familiares de personas desaparecidas de 24 estados del país, agrupados en el movimiento, enfatizaron que dicho artículo, relativo a la protección de los derechos humanos, ha sido una herramienta que fortalece la búsqueda de personas desaparecidas en México.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), consideró positivo que no se reforme el artículo 1º de la Constitución.

Sin embargo, señaló que subsiste preocupación por las modificaciones propuestas al artículo 107, ya que cancelarán toda posibilidad de someter a controles mínimos, incluso respecto del procedimiento, las reformas constitucionales.