El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá admitió las cinco acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma judicial que fueron promovidas por partidos políticos y legisladores locales, lo que significa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará la validez o no de la enmienda a la Carta Magna.

Sin embargo, el ministro rechazó emitir una suspensión para frenar la reforma, como solicitaron los promotores de los recursos: PAN, PRI y MC, el partido político Unidad Democrática de Coahuila y legisladores de Zacatecas. La mayoría impugnó la reforma acusando que tuvo vicios en su procedimiento legislativo.

“Emitir un pronunciamiento en relación con dichos aspectos implicaría resolver cuestiones reservadas al fondo de sendas acciones de inconstitucionalidad siendo que, además, podría entorpecer el proceso electoral en curso, lo cual podría generar mayor afectación social que beneficio, tratándose de una medida cautelar. Consecuentemente, no ha lugar a conceder la suspensión solicitada por los partidos políticos y diputados promoventes”, justifica.

Asimismo, se ordena solicitar a la Cámara de Diputados, al Senado de la República y a los congresos locales rendir sus informes relativos a todo el proceso sobre la reforma; al Ejecutivo federal le fue requerido un ejemplar del Diario Oficial de la Federación del 15 de septiembre pasado en el que conste la publicación del decreto.

También solicitó la opinión de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dándoles un plazo de 10 días naturales a partir de la fecha de notificación.

Asimismo, se requirió a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) que, en un plazo de tres días naturales, entregue las copias certificadas de los estatutos y registros vigentes de los partidos políticos nacionales promotores.

Ayer, también se informó en listas electrónicas de la Corte que el Poder Judicial de Guanajuato promovió una controversia constitucional contra la reforma al PJF, recurso que fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien decidirá si la admite o rechaza.

La anterior se suma a la controversia 286/2024 que admitió el ministro, que interpuso el ex gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez, justo antes de terminar su administración.

Crítica

En un foro de la UNAM, el ministro González Alcántara afirmó que una persona no puede encarnar la voluntad del pueblo, porque si el gobierno es la representación del pueblo ¿se trata de proteger al pueblo de sí mismo? Lo anterior es contrario a lo que sostiene la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

No se trata de proteger al pueblo de sí mismo, la falacia está en otro lado, en la concepción errónea y peligrosa de que una persona o 100 o 500 al representar al pueblo, son capaces de encarnar su voluntad, de canalizar su voz como si fuera una sola, de ofrecer soluciones como si fueran las únicas aceptables, subrayó.