A 10 días de que se instale el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, cuyo objetivo es seleccionar a quienes contenderán por plazas de jueces, ministros y magistrados, han surgido algunas discrepancias entre la Cámara de Diputados y el Senado sobre la conformación de esa instancia.

El morenista Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, quería que tres de las cinco personas integraran el comité; en contrapartida, en el edificio de Reforma e Insurgentes los del partido guinda argumentan que la Cámara alta es la que encabeza la tarea de la evaluación.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se refirió ayer de manera somera a la divergencia, aunque aprovechó para dejar en claro que no es un tema de cuotas, sino de ponerse de acuerdo con los perfiles, que sean de muy alto nivel, que sean gente muy prestigiada en el área del derecho, de tal forma que el mensaje sea muy poderoso a la ciudadanía, porque esperan un comité faccioso, un comité de compañeros militantes, cuadros del movimiento, y esa no es la intención.

Señaló que el bloque mayoritario está en la determinación de que las personas juzgadoras que salgan sean producto del proceso de elección, gente de primerísima, las más calificadas, que sean honorables y garanticen impartición de justicia.

Exceso de jueces

En conferencia de prensa previa a una reunión que tuvo con funcionarios de China en la vieja casona de Xicoténcatl, criticó la actuación de los juzgadores que están contra la reforma judicial, pues llevan más de dos meses en paro y emiten sentencias para favorecerse a sí mismos actuando como juez y parte.

Por otra parte, destacó que no existe la posibilidad de que cualquier juez o jueza pueda procesar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación.

Fernández Noroña calificó el amago de la jueza Nancy Juárez de llevar a prisión a la mandataria sino retira el decreto como una majadería política, intelectual y de nulo rigor jurídico, al recordar que la Ley de Amparo establece que no procede el juicio frente a una reforma constitucional.

Por su lado, el senador morenista Saúl Monreal consideró viable que Juárez sea sometida a juicio político, pues a su parecer ha incurrido en actos que vulneran el interés público y popular, contraviniendo al constituyente permanente que está por encima de los tres poderes de la unión.