La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) han incurrido en excesos al emitir resoluciones y amparos que frenan la aplicación de leyes diseñadas para beneficiar a la sociedad mexicana y garantizar los derechos ciudadanos.

Durante la mañanera de ayer, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la encargada de la política interna del país presentó un amplio panorama con decenas de casos en los que se concedieron amparos que han detenido obras públicas, programas, leyes o han permitido la liberación de presuntos delincuentes.

Han intentado cientos de veces paralizar proyectos importantes como obras públicas o políticas de bienestar; también han retrasado la emisión de resoluciones y sentencias, generando impunidad y negando el acceso a la justicia.

Resaltó, por ejemplo, que en los penales federales hay 21 mil personas privadas de la libertad, de las cuales 6 mil 97 (28 por ciento) no han recibido sentencia.

Rodríguez agregó que tan sólo en el Centro Federal Femenil de Readaptación Social de Morelos hay cerca de mil reclusas, y de éstas, 415 han esperado entre uno y 17 años para una sentencia. Y 34 por ciento llevan entre nueve y 12 años sin resolución del juzgador.

En el caso del paro judicial, la funcionaria refirió que del 20 de agosto al 30 de septiembre se cancelaron 12 mil 448 audiencias, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República.

Hay que decir que todos los empleados del Poder Judicial siguen recibiendo su salario, aunque están en paro, mientras éste es el déficit que se tienen sobre la celebración de las audiencias.

Indicó que en ese periodo se celebraron únicamente 31 audiencias, pero en 16 no se emitieron las órdenes de aprehensión correspondientes y de las 665 apelaciones pendientes de resolución, 52 por ciento tienen de cuatro a 23 meses sin que se haya emitido la sentencia respectiva. Esto también contribuye a la dilación de los procesos.

Rodríguez expuso además que jueces y magistrados han tenido diferentes resoluciones contra leyes, obras y políticas públicas.

Desde que la 4T gobierna se han otorgado 161 amparos y suspensiones contra la Ley de la Industria Eléctrica, cinco contra la de la Guardia Nacional, el mismo número contra la Ley Minera, 25 contra el Fondo de Pensiones para el Bienestar, 717 para frenar la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial y 240 contra la prohibición de vapeadores.

También hubo dos contra el Tren Maya, 26 contra los nuevos Libros de Texto Gratuitos, cinco contra decretos de áreas naturales protegidas, ocho contra las conferencias matutinas y 73 para detener la supresión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por citar algunas.

La funcionaria federal expuso algunos casos de resoluciones judiciales que han favorecido a presuntos delincuentes y de injerencia en asuntos electorales.

Planteó también que hay nepotismo en ese Poder y que no se cumple con la Constitución en el sentido de que ningún funcionario puede ganar más que la Presidenta de la República.

Los ministros, dijo, tienen ingresos mensuales de 792 mil 256 pesos, los consejeros de la Judicatura de 460 mil 787 pesos, los magistrados de 374 mil 203 y los jueces de distrito es de 337 mil 575 pesos.