stá en curso una muy amplia cadena de movilizaciones en México y algunas ciudades de Europa en defensa del poblado 6 de Octubre, de bases de apoyo zapatista, integrante del caracol de Jerusalén, asentado en las tierras ocupadas a raíz del alzamiento zapatista de 1994. Durante 30 años la ocupación se ha desarrollado de manera pacífica y continua.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció la semana pasada, que 46 personas ingresaron al poblado referido, en cinco vehículos y 10 motocicletas, y al menos nueve de ellas portaban armas: cuatro R15, dos calibre 22 y dos escopetas; fue el 17 de octubre y han estado realizando vigilancia; el resto se dividió en dos grupos: uno ellos taló árboles para sacar tablas y el otro empezó a construir casas y baños en los solares adjuntos al poblado zapatista.

Denuncia similar realizo el subcomandante insurgente Moisés llamando a la movilización urgente e indicando que habitantes de Palestina señalan que “hay presiones del crimen organizado para que sean desalojados nuestras compañeras y compañeros y que hay acuerdo del crimen organizado con los distintos niveles de gobierno para dar carácter ‘legal’ a este despojo”.

Alertó que las amenazas han ido subiendo de tono hasta incluir la presencia de personas de Palestina con armas largas de alto poder, amenazas de violación a mujeres, quema de casas y robo de pertenencias, cosechas y animales. Los agresores son habitantes de Nueva Palestina, con participación de elementos del crimen organizado, y el apoyo de las autoridades del municipio de Ocosingo y del gobierno de Chiapas. La agresión se inició desde junio, y ha escalado en estos días con la intención de provocar el desplazamiento de la comunidad y así hacerse de esas tierras. Tanto el Congreso Nacional Indígena (CNI) como el Consejo Indígena de Gobierno (CIG) y numerosos colectivos y organizaciones están difundiendo activamente el llamado a parar la agresión contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pues a nadie escapa que precisamente la comunidad 6 de Octubre tiene colindancia con la Lacandona, con larga y compleja historia, además de que se ubican muy cercanas a la frontera con Guatemala que, sabemos, es un espacio de acción del crimen organizado en sus diversas modalidades. Con el ingrediente adicional de que está en juego el negocio de la participación en el Programa Sembrando Vida. Muy importante el texto que publicó Luis Hernández Navarro sobre la puerta de entrada a la guerra ( La Jornada, 18/10/24), en el cual señala que las autoridades comunales impulsaron entre 2008 y noviembre de 2022 un proceso técnico y político para determinar un nuevo polígono de Bienes Comunales de la Zona Lacandona.

Se lograron acuerdos con 52 comunidades y vecinos colindantes. Eje de esta negociación es el Plan de Vida para el Manejo Biocultural de la Selva. Como parte de la negociación, se llegó a un acuerdo con el poblado 6 de Octubre, uno de lo seis polígonos internos a Bienes Comunales. Hasta noviembre de 2022 todo parecía estar listo para el nuevo decreto. Sin embargo, las autoridades de Lacanjá Chansayab interpusieron un recurso legal, alegando que ellos son los únicos beneficiarios del decreto de 1971 y que los tseltales, tsotsiles y choles son invasores del territorio. Esto frenó todo. Dejó así esbozado el trasfondo de esta escalada contra las bases zapatistas de la comunidad 6 de Octubre y además colocó un tema que es estratégico y es la intentona de golpear al EZLN con el tema de las tierras recuperadas desde 1994, asunto de interés común tanto para el gobierno, los políticos de diverso color que operan en Chiapas y las ya inocultables redes de alianzas con expresiones del crimen organizado.

A propósito, se carece de un informe oficial sobre los recursos que se entregaron desde el gobierno a diversos caciques o terratenientes que se vivían agraviados por la recuperación de tierras.

Por si fuera poco, el ominoso panorama de la violencia en Chiapas se tiñó de rojo, una vez más, con el artero crimen la mañana del pasado domingo 20 de octubre del padre Marcelo Pérez, quien acompañó procesos de paz y mediación y denunció en todo momento crímenes, desplazamientos forzados y despojos, cuestionando la postura gubernamental en sus tres niveles, que decía no sólo no hace nada para contenerla, sino que niega sistemáticamente su existencia.

Vivía con amenazas de muerte debido a su labor pastoral y de promoción de la paz. La amenaza se concretó lamentablemente: fue ultimado la mañana del pasado domingo 20 de octubre, en el barrio de Cuxtitali en San Cristóbal de las Casas, con el ya clásico modus operandi del crimen organizado, donde dos personas a bordo de una motocicleta dispararon a su vehículo. Un reclamo más al que ya se sumaron entre otros el obispo Rodrigo Aguilar, de San Cristóbal de las Casas, la Conferencia del Episcopado Mexicano, comunidades creyentes y Compañía de Jesús. Larga y fuerte la agenda para el gobierno.