Jilotzingo, Méx., Ambientalistas locales llamaron a las autoridades federales a impulsar acciones de protección legal y ambiental del Bosque de Agua, el cual está formado por al menos 250 mil hectáreas de superficie, entre la Ciudad de México, el estado de México y Morelos, con el objetivo de que detengan la tala irregular, declaren el sitio de seguridad nacional e investiguen a los responsables de la devastación.

Ayer, Integrantes de Micelio Jilotzingo entregaron un documento en la Presidencia de la República, donde solicitan que se decrete el Bosque del Agua zona de seguridad nacional y que el Ejército mexicano lo resguarde; que se revise a la industria maderera, así como los permisos de aprovechamiento forestal, y se sancione a funcionarios que por omisión o corrupción han permitido el deterioro de los bosques.

Los ambientalistas viajaron desde Jilotzingo, estado de México, al zócalo capitalino, donde entregaron el texto. Además, desplegaron lonas con mensajes para visibilizar lo que llamaron ecocidio del Bosque de Agua, corredor en su tipo del centro del país, que comparten 37 municipios y en el que convergen 21 área naturales protegidas a nivel federal, estatal y municipal, en las cuales avanzan el deterioro, la invasión y la tala.

Denunciaron que el 11 de agosto pasado, durante trabajos de reforestación en bienes comunales de San Luis Ayucan, descubrieron que dos hectáreas de árboles de oyamel, algunos con más de 200 años de vida, fueron completamente arrasadas.

También, el 10 de octubre, en un recorrido con acompañamiento de la policía municipal, estatal y la Guardia Nacional, vimos con frustración y tristeza que casi han acabado con el oyamental reservado, un bosque del que por años se ha impulsado su conservación.

Plantearon que la protección de estos sitios es competencia del gobierno federal, que opera a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero en el caso de la entidad del estado de México, la delegación propia, ha sido complaciente con la industria maderera no autorizada.

Sin respuesta de Profepa

Acusaron que la Profepa mexiquense no ha atendido nuestras peticiones expuestas en repetidas ocasiones, que además están sustentadas bajo la normatividad vigente. Pedimos se investigue y sancione conforme a la ley a aquellos funcionarios que por omisión o corrupción, han permitido el deterioro de nuestros bosques.

Recordaron, que en el sexenio del gobernador Ignacio Pichardo Pagaza (1989-1993) se puso un alto a la explotación indiscriminada, se protegió los bosques y se creó el organismo Protectora de Bosques (Probosque), al cual asignó infraestructura, marco legal y personal para que cumpliera sus objetivos.