Diputados de Morena propusieron una reforma a la ley de desarrollo urbano para facultar a las contralorías internas de las alcaldías a revisar las manifestaciones de construcción de inmuebles con el fin prevenir cualquier violación al uso de suelo.

La reforma que fue llamada ley contra el cártel inmobiliario, trata de agregar un numeral al artículo 8 de dicha normativa para que las contralorías revisen y validen cada manifestación de construcción conforme a lo establecido en el reglamento de construcciones, de lo contrario se iniciará el procedimiento administrativo correspondiente.

Si esto tampoco se cumple, la contraloría dará vista a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y al Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

La modificación legal tiene el objetivo de evitar cualquier irregularidad y erradicar prácticas fraudulentas y corruptas, luego de que se reportaron 264 pisos excedentes en 130 inmuebles ubicados en la alcaldía Benito Juárez, lo que ha derivado en la detención de varios ex funcionarios que, incluso, han devuelto al erario público edificios que contaban con más niveles de los que establecía el uso de suelo.

Al hacer uso de la tribuna, el dipu-tado de Morena, Víctor Romo, autor de la iniciativa, indicó que el sector de construcción y bienes raíces ha jugado un papel fundamental en la economía de la Ciudad de México, pues en 2021 contribuyó con 9.91 por ciento del producto interno bruto.

Sin embargo, dijo, junto con este crecimiento ha habido también un aumento en abusos y corrupción en los procesos de edificación que han afectado tanto el desarrollo urbano de la ciudad como la calidad de vida de los capitalinos, por lo que propuso la reforma.

En posterior conferencia de prensa, el legislador del partido guinda aseguró que habrá una segunda parte de la iniciativa que implica una sanción penal para quienes estén involucrados.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, afirmó que este problema afecta a toda la ciudad, pues no sólo implica la ilegalidad de una construcción, sino la falta de certeza jurídica para los compradores del inmueble, así como mayores requerimientos en los servicios de agua, vialidades y hasta seguridad pública.

Por otro lado, el gobierno capitalino emitió un decreto por el que se crea el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría de Vivienda, el cual contará con un consejo directivo, encabezado por el titular de la jefatura del Gobierno capitalino o la persona que designe, y conformado por los titulares de siete secretarías y dos ciudadanos.