La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró ayer inconstitucional la fracción IV del artículo 158 del Código Penal de Sinaloa, que impide a mujeres con discapacidad elegir continuar o no con su embarazo. Sin embargo, la norma seguirá vigente.

En sesión, por mayoría de votos se aprobó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf que amparó a la asociación civil Grupo de Información en Reproducción Elegida(GIRE) en contra de dicha norma, por lo que los efectos del fallo de la Corte sólo protegerán a las mujeres en Sinaloa que sean acompañadas por dicha asociación.

Esta primera sala determina que la inaplicación de la porción normativa declarada inconstitucional en esta ejecutoria deberá ser llevada a cabo por parte de cual-quier autoridad jurisdiccional y ad-ministrativa, específicamente, por el personal de las instituciones de salud involucrado con la práctica de la interrupción del embarazo y los agentes del Ministerio Público que reciban las denuncias por estos hechos, en aquellos casos en los que las personas a quienes se dirigen las normas sean acompañadas por la asociación quejosa.

El artículo establece que para interrumpir el embarazo no será necesario el consentimiento de la mujer o persona gestante, sino que, en dichos casos lo otorgará la persona legalmente facultada para ello.