La ministra Yasmín Esquivel Mossa sostuvo que no ve riesgo de que la reforma judicial en marcha pueda frenarse, ya que confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no resuelva a favor de los recursos que han interpuesto contra esa modificación a la Carta Magna. De lo contrario, agregó, la Corte llevaría al país a una crisis constitucional que nunca se ha presentado en la historia mexicana, por lo menos en los últimos 200 años.

Entrevistada el viernes, luego de su visita al Senado, donde se reunió con el presidente de esa Cámara, Gerardo Fernández Noroña, para hablar de la reforma judicial, Esquivel señaló que no cree que sus compañeros de la SCJN lleguen a declararla inconstitucional para invalidarla, porque el poder reformador de la Constitución está por arriba de los tres poderes constituidos del Estado.

En ningún artículo de la Carta Magna, agregó, se señala que la SCJN pueda revisar o modificar una reforma constitucional, que fue aprobada por mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión y por la mayoría de los congresos estatales.

Si con el aval de ocho ministros la SCJN invalida la reforma, estaría actuando de forma ilegal. No creo que se dé ese paso, porque la Constitución no nos lo permite, y en ese sentido estoy tranquila; porque además, en el caso de los partidos políticos que han presentado recursos de inconstitucionalidad, tampoco tienen un soporte legal para hacerlo.

Explicó que en lo que se refiere a la consulta sobre la posibilidad de que proceda la controversia constitucional contra la reforma, a la que dio entrada la Suprema Corte y turnó al ministro Alberto Pérez Dayán y sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por los partidos políticos, que están en manos de Juan Luis González Alcántara, ninguno ha presentado un proyecto a discutir.

No hay ponencia, ni fecha de discusión, por tanto, no lo hemos analizado en el pleno de la SCJN.

Detalló que con Fernández Noroña intercambió puntos de vista sobre los tiempos muy importantes que vienen en torno a la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros.

El proceso, dijo, se inicia con la convocatoria que emitirá el Senado el próximo día 16, continúa con la instalación de los comités de evaluación en los tres poderes, a más tardar el próximo 31 de octubre, la inscripción el 4 de noviembre de todos los abogados y abogadas que cubran los requisitos para ser juzgadores, y concluye el 12 de febrero cuando el INE, ya con las listas de los candidatos, organice el proceso comicial.

Sobre la posibilidad de que participe en la elección de 2025, en la que se elegirá a nueve ministros de la Corte, respondió que esperará a que el Senado publique la convocatoria para decidir.