La atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género debe ser permanente e independiente del contexto en el que se desarrolle, señala el informe de gestión de la Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), al advertir que de las 125 denuncias que recibió entre septiembre de 2022 y el mismo mes de este año, 33 casos no estaban vinculados con el proceso comicial.

Entre los responsables señalados desvinculados de la contienda, están ciudadanos integrantes de las comisiones de participación comunitaria, autoridades tradicionales de pueblos originarios y servidores públicos.

En el caso de las quejas por violencia política contra las mujeres en razón de género relacionadas con el periodo electoral 2023-2024, el informe señala un incremento notable comparado con el proceso anterior de 2017-2018, que durante los meses más intensos de la contienda –marzo, abril y mayo– pasaron de 67 a 92 quejas, lo que refleja una mayor visibilización de esta conducta, su denuncia, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención.

A pesar de los avances en la representación de las mujeres en cargos de elección popular, la violencia política en razón de género sigue siendo una barrera significativa. Esta violencia, arraigada en una exclusión estructural y una lógica patriarcal del quehacer político, obstaculiza el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres, advierte el informe.

Entre las medidas para fortalecer los mecanismos de atención e investigación de estos casos destacó la elaboración de un protocolo que ya se instituyó, además de un mecanismo de protección, atención y acompañamiento para las mujeres que experimentaron esa violencia y con el que se busca romper la normalización de este fenómeno.

La comisión –que en el periodo de referencia estuvo a cargo de la consejera electoral Erika Estrada Ruiz– contó con los servicios de una abogada experta en seguridad y una sicóloga con enfoque de atención a víctimas, quienes realizaron 62 análisis preliminares de riesgo a fin de determinar los planes de seguridad personalizados y la procedencia de medidas de protección.