La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se instaló ayer, y espera recibir el lunes la minuta que aprobó el Senado con los cambios a las leyes que regularán la elección extraordinaria de jueces, magistrados y ministros en 2025, para que sean votadas el martes en el pleno.

Invitada a la reunión, la ministra Lenia Batres sostuvo que democratizar al Poder Judicial de la Federación (PJF) no implica nada más la elección, sino articular todo un sistema de controles. Los jueces que han otorgado amparos contra el proceso siguen extralimitándose, expresó más tarde en entrevista.

Por la relevancia de la enmienda, así como por la premura de la votación del dictamen, se trata de la primera comisión que se instala en la 66 Legislatura.

MP y fiscalías

Los 30 integrantes de la comisión destacaron la necesidad de que, después de la reforma constitucional al PJF, se impulsen cambios para mejorar el funcionamiento de otros eslabones del sistema judicial del país, en particular los ministerios públicos y las fiscalías.

Julio César Moreno Rivera (Morena), presidente de la comisión, sostuvo que los integrantes de esa instancia legislativa tienen la enorme encomienda de dar viabilidad a la reforma judicial y demostrar que es posible implementar un nuevo modelo de protección a los derechos, libertades y aspiraciones de los ciudadanos. Este proceso no es sólo una actualización legal, sino un cambio estructural para garantizar que el PJF sea más justo, transparente y cercano a la sociedad.

Su compañera de bancada y secretaria de la comisión, Olga Sánchez Cordero, también expuso que, además de la elección por voto directo de juzgadores, es necesario atender aspectos como las defensorías públicas, que están olvidadas y a cuyos miembros ni siquiera volteamos a ver, y tienen salarios sumamente bajos.

Planteó el sistema de justicia como una cadena, y sostuvo que uno de sus eslabones por mejorar es el de capacitación de las policías de proximidad; ministerios públicos, que están rebasados en su trabajo y, la verdad, a veces no están tan capacitados para la función ministerial, así como la estabilidad laboral y remuneración digna de investigadores, peritos y jueces.