ras la aprobación, en la Cámara de Diputados, de la reforma constitucional (artículos 25, 27 y 28) que recupera la preponderancia de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sector energético, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo algo que debe ponderarse: con las empresas privadas nunca hubiera llegado la electricidad a pueblos, poblados, municipios alejados, porque el objetivo de ellas es la ganancia y no brindar servicio público. Así es, de no detenerse a tiempo el brutal avance de esos consorcios –estimulados y solapados por el régimen neoliberal–, a estas alturas México estaría electrificado sólo en las áreas donde la población pudiera pagar el servicio y a precios crecientes, es decir, donde el negocio fuera rentable. Del servicio público, ni hablar, y lo mismo en otros sectores.

En el caso de la generación eléctrica, la CFE fue puesta al servicio de los intereses privados, y en un proceso que se denominó privatización silenciosa del sector, con la venia del régimen neoliberal, los particulares incrementaron sostenidamente su intervención con fines de desaparecer a esa institución del Estado mexicano. Pero se acabaron esos tiempos porque creemos en los derechos del pueblo de México, el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y también en la soberanía energética, dijo la mandataria.

Pero, mañosos que son, los gritones de la supuesta oposición aumentan los decibeles y vociferan estatización, socialismo y cualquier otra barbaridad, al tiempo que cómodamente olvidan el texto constitucional (artículo 28) que a la letra subraya: la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Así de sencillo.

Además, está el tema de los ferrocarriles que de ser propiedad de la nación, Ernesto Zedillo transformó en un negocio estrictamente privado, sin beneficio para el país. Así, como parte de la citada reforma, este sector retoma su carácter prioritario e incluye el transporte de pasajeros. Hay que recordar que Lázaro Cárdenas (1937) expropió y nacionalizó este sector prioritario. Zedillo hizo exactamente lo contrario, sin beneficio alguno para los mexicanos. Todo para el duopolio que surgió de la privatización.

En este espacio se ha comentado que como en tantas otras privatizaciones del régimen neoliberal, la de los ferrocarriles mexicanos tuvo el mismo fin: pérdidas para el Estado y pingües ganancias para el grupúsculo de empresarios amigos del gobierno en turno. Han transcurrido casi tres décadas desde el decreto privatizador de Zedillo y las grandes promesas de captar (crecientes inversiones, competencia que estimulará la participación de otros actores, decidido impulso al crecimiento económico, vertiginoso avance de la red ferroviaria, empleo y mucho más) no trascendieron la anécdota. Eso sí, la voluminosa deuda de Ferrocarriles Nacionales de México fue asumida, íntegra, por el Estado mexicano.

Desde entonces, ya privatizado el sector, la longitud total de la red ferroviaria del país a duras penas aumentó 105 kilómetros, al pasar de 26 mil 622 en 1997 a 26 mil 727 en 2018, un crecimiento de 0.4 por ciento en el periodo, lo que ni de lejos se puede considerar un gran beneficio para el país, amén de que todas las ganancias se quedan en manos privadas.

Sólo como referencia histórica: cuando Porfirio Díaz abordó el Ypiranga, México contaba con 19 mil 528 kilómetros de longitud total de red ferroviaria. De entonces al gobierno de Zedillo dicha red creció casi 7 mil 100 kilómetros, 36.3 por ciento más en el periodo. A partir de ahí, el avance ha sido de 105 kilómetros. Ello, sin considerar los mil 554 kilómetros del Tren Maya en seis años.

En su informe de gobierno de 1909, Porfirio Díaz presumía: los ferrocarriles de jurisdicción federal han tenido en el semestre próximo pasado un aumento de 263 kilómetros en la construcción de nueva red; es decir, en sólo seis meses el dictador construyó 2.5 veces más que en casi 30 años de privatización zedillista.

Las rebanadas del pastel

Enloquecido, desesperado y aterrorizado, Ricardo Salinas Pliego da palos de ciego para evitar lo inevitable: pagar los voluminosos impuestos que desde tiempos foxistas adeuda. Acostumbrado a llegar a un arreglo con el gobierno en turno, ahora se dedica a tramitar solicitudes de impedimento legal para tres ministros que decidirán a qué hora y en cuál ventanilla del Servicio de Administración Tributaria el barón pasa a pagar (algo así como 65 mil millones de pesos), y no lo hará en abonos chiquitos.

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