a Cámara de Diputados aprobó una reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución con el fin de que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recuperen el carácter de empresas públicas que perdieron con la contrarreforma neoliberal de 2013, la cual las convirtió en empresas productivas del Estado. Este cambio de nomenclatura tiene profundas consecuencias prácticas, pues significa que dichas entidades dejarán de operar bajo la lógica del mercado para consagrarse al servicio público, al mismo tiempo que se devuelve a la compañía eléctrica su preponderancia en el sector. Además, se definió como prioritaria la comunicación vía ferrocarriles de carga y pasajeros, una medida que pone a México en sintonía con las sociedades avanzadas, en casi todas las cuales –con la única y bochornosa excepción de Estados Unidos– hace tiempo se entendió que los trenes constituyen el medio de transporte más eficaz y respetuoso del medio ambiente.

La aprobación de la iniciativa presentada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador hace tres años, simboliza y concreta un paso inestimable en el rescate del patrimonio y la soberanía nacionales que el PAN y el PRI se empeñaron en desmantelar en su obcecación por someter al país a los capitales privados. Al revertir las lesivas políticas de exterminio de las corporaciones públicas, será posible emplear las capacidades de estos sectores estratégicos en el desarrollo nacional y la generación de bienestar para las mayorías.

La desinformación propagada de manera permanente por la oposición y las firmas acostumbradas a enriquecerse mediante contratos leoninos, obliga a recordar que estas medidas no buscan acabar ni siquiera arrinconar a la iniciativa privada, a la que por ley se le garantizará 46 por ciento del mercado eléctrico y con la que Pemex trabaja de manera rutinaria. Lo que sí se quiere es terminar con los abusos sistemáticos, las prácticas predatorias y armonizar a todos los actores con el interés general de la nación. Como explicó la presidenta Claudia Sheinbaum, no se trata de pelear con el empresariado, sino de operar bajo una planeación energética con reglas claras acerca de cómo, dónde y bajo qué condiciones puede invertir.

Debe aplaudirse la restitución de funciones del Estado que deben ser irrenunciables, y sólo cabe lamentar que el pleno de la Cámara baja haya eliminado el párrafo de la iniciativa en el cual se establecía la rectoría del mismo sobre la transición energética, comprometiéndolo a usar de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero. De manera relevante, ese inciso también responsabilizaba al Estado en el despliegue de las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición, lo que supone el desarrollo de una política integral en materia de protección del medio ambiente.

Al borrar estas líneas, se resta modernidad a la reforma, queda en entredicho la determinación de abandonar los combustibles fósiles y se abre la puerta a que las transnacionales usen la transición como un reclamo publicitario para atacar a las autoridades, no porque a esas compañías les ocupe el combate al cambio climático, sino porque añoran el marco jurídico que les facilitaba recoger grandes ganancias en condiciones de expolio. Es de esperarse que el Senado corrija la omisión de última hora, de modo que la reforma sea un completo parteaguas en el desarrollo sostenible del país.