La reforma constitucional para que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recuperen su papel como empresas públicas es positivo, pues los cambios aprobados por la Cámara de Diputados amplían las capacidades del Estado para que ambas garanticen el suministro confiable y seguro de energía, consideraron expertos.

Alonso Romero, especialista en energía, comentó que los cambios que fueron aprobados por los legisladores permiten que cada una de las empresa estatales vuelva a actuar como una sola, pues la reforma energética impulsada en 2013 por Enrique Peña Nieto dividió a Pemex y CFE en empresas chiquitas, les impuso condicionantes sobre cómo se podían coordinar y se les obligó a dar acceso a su infraestructura a privados.

Se vuelve a tener este tipo de economías de escala, que es importante en este tipo de industrias. Esto va a permitir eficientar mucho los procesos y también va a permitir que se actúe de manera más rápida y con una planeación muchísimo más ágil.

Apuntó que también permitirá una planeación que no va a ser indicativa, sino obligatoria. Va a dar una idea de cómo va a poder mandatarse una política energética e implementarse, pero ya actuando como empresas integradas, no como cachitos de cada empresa, anotó Romero.

Mencionó que devolver el carácter de empresas públicas a Pemex y CFE corrige esta fragmentación, pues como se ha visto en el caso de Sears en Estados Unidos, sólo llevan a la quiebra de las empresas.

“La intención de convertir a Pemex y CFE en empresas públicas es parte de un enfoque que entiende que, bien administradas, ambas pueden favorecer el funcionamiento del sector, sobre todo en coyunturas críticas –como eventos meteorológicos extremos–, cuando el gobierno tiene que tomar decisiones rápidas para garantizar el suministro confiable y seguro de energía”, señaló Arturo Carranza, experto en el sector energético.

El principal cambio que va a tener Pemex es en el tema del costo de la deuda, precisó Romero.

Explicó que la principal preocupación es lo que hay que pagar de intereses, el costo de la deuda, y eso está determinado, por qué tan riesgoso considera el mercado que es prestarle.

Para la petrolera el efecto de la reforma constitucional va a ser positivo, pues ya en su carácter de empresa pública tendrá un respaldo 100 por ciento explícito de que el gobierno va a asumir la deuda, la cual asciende a casi 96 mil millones de dólares. El país tiene una capacidad de pago muchísimo mayor como Estado, eso al final le baja la tasa de interés, explicó Romero.

La calificación de la deuda de Pemex va a ser la misma que deuda soberana, eso va a bajar muchísimo la tasa de interés, va a permitir a Pemex hacer financiamientos bajando mucho la tasa de interés que se está pagando y eso va a liberar mucho flujo efectivo del costo de la deuda.

Por su parte, Carranza consideró que convertir la deuda total de Pemex en deuda soberana implicaría un costo para las finanzas públicas que complicaría la meta de llevar el déficit público a 3.5 por ciento del producto interno bruto.

La carga adicional llevaría a las agencias calificadoras a revisar, con sumo rigor, las decisiones económicas que el gobierno mexicano tome a corto y mediano plazos. Esto no significa que las calificadoras rebajen de manera inmediata la nota del soberano. Significa que el gobierno tendrá que tomar decisiones contundentes y difíciles, que le den credibilidad a su objetivo de lograr la consolidación fiscal (déficit público de 3.5 por ciento con respecto al PIB), advirtió.