as derechas están habituadas a mandar y a ser acatadas sin chistar. Han sido dominantes por el mundo por siglos incontables. En México, los españoles criollos y el segmento nuevo de los mestizos integrantes de las clases dominantes heredaron el sistema opresivo colonial español, y creyeron que su privilegio viviría para siempre. La arquitectura colonial mexicana habla a voz en cuello: edificaciones pétreas, sólidas, para durar sin límite de tiempo, tal como era vivido el poder de esas clases corrompidas. Considerado el Primer Monumento Religioso de América, la Catedral Metropolitana de México, de acuerdo con el INAH, fue edificada a lo largo de 218 años por 16 arquitectos sobre una plancha de cemento cimentada por 22 mil estacas de madera, que han resistido sismos, incendios y hundimientos por más de 400 años. De esa índole casi eterna es la arquitectura mexicana colonial: la dominación y el poder eran para durar por los siglos de los siglos. Como todo, el tiempo era de ellos. Era.

Los togados del Poder Judicial, especialmente los de la SCJN, son de esa calaña, descendientes directos de la laya colonial. Constituyen el estamento judicial de nuestros días. Se creen parte ilustre de un poder imperecedero, separado de los ordinarios de abajo, sublevados hoy en día, a los que es impostergable devolver a su carril.

Para la derecha, la historia de México tuvo un interregno infortunado entre 1910 y 1940, cuando los plebeyos creyeron que podían reinventar el mundo, pero eso pasó. Lázaro Cárdenas fue demasiado lejos soliviantando y volviendo procaces a los vasallos, a quienes jamás debió soltárseles las cadenas con las que habían permanecido sujetos como lo manda la gente decente.

Después de 1940 las cosas comenzaron a regresar, cada vez más de prisa, a los cauces correctos: los de arriba, arriba, sin falta y sin miramientos. La riqueza para los pocos. Al que cruce la raya, palos, cárcel o muerte. Líderes campesinos, o maestros, o médicos, o ferrocarrileros, o estudiantes: palos, cárcel o muerte. Los togados, a su función: protección a los de arriba; indiferencia y presidio a los de abajo. Luego llegó el neoliberalismo. Los togados se dedicaron a cuidarlo con todas las de la ley, en primer lugar cobijo a la corrupción rampante de los de arriba, medren en el sector público o en el privado. Nada ha estado oculto. El Fobaproa debe servir para esquilmar a los de abajo, con la eterna protección del estamento judicial. La ley es de quien la trabaja.

Tan bien que íbamos, y vino otra molesta interrupción. Llegó 2018 y Andrés Manuel paró de cabeza la tan amada realidad neoliberal, con 30 millones de votos. Ahora está peor, porque hubo revolución de las conciencias. Así que los togados se sienten oblilgados a echar las cosas para atrás, otra vez. Para acabarla, estos rufianes del pueblo la volvieron a hacer, ahora con cerca de 36 millones de votos.

Para la SCJN no hubo de otra, se vio en la necesidad de lanzar la rebelión de los togados: los guardianes de la Constitución contra la Constitución: van a revisar si es correcta la reforma de la Carta Magna. Es absurdo, es una aberración, dicen algunas voces cons­pícuas. Los togados lo saben mejor que nadie, pero no les dejaron ningún otro recurso. La SCJN defiende a capa y espada la Constitución siempre que lo que dicte sea interpretado en bien de los de arriba y su estamento judicial.

La SCJN está a muerte contra la elección de los togados, y no está sola; la acompañan las derechas políticas, mediáticas, económicas. PRI y PAN han celebrado la rebelión. En cuanto los ocho votos de la Suprema aprobaron admitir a discusión si están autorizados para analizar la reforma judicial, no parece que puedan dar marcha atrás. La reforma, además, está siendo cañoneada por jueces de todo calibre y múltiples juzgados del país. Los togados de la SCJN seguramente transitarán hacia denuncias ante gobiernos extranjeros e instituciones internacionales. No buscan echar para atrás la reforma del Poder Judicial, porque no existe forma jurídica para hacerlo. Pero han abierto ya una crisis constitucional que buscan agrandar y mantener todo el tiempo posible. Se trata de estorbar y desestabilizar el gobierno de la presidenta Sheinbaum cuanto se pueda. Que los procesos jurídicos se estanquen, que nada se resuelva en los juzgados, que los amparos no puedan transitar. Mantener un desencuentro permanente entre el Poder Judicial y los poderes Ejecutivo y Legislativo, configura una crisis constitucional. Que la agitación, la desconfianza, el miedo, la suspicacia, se apoderen del mayor número de ciudadanos, es el execrable objetivo de los jueces.

No caer en la provocación de los togados puede ser un propósito difícil de mantener. Sus señorías de la SCJN lo han perdido todo a estas alturas: no tienen más nada que perder y, por tanto, pueden organizar su guerrilla de retorcido lawfare: un estatus constitucional extraño, a medias, mientras la elección de los jueces tiene lugar en junio de 2025.