Unas 100 personas se manifestaron en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) para exigir la renuncia de su dirigente, Gilberto González, y que deje de negociar con legisladores las leyes secundarias de la reforma en la materia.

Dieron a conocer la nueva propuesta que entregaron al pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), luego de las mesas de trabajo que se llevaron a cabo el jueves y el viernes pasados.

Entre las peticiones incluyen que se realicen las acciones necesarias para que los trabajadores inscritos en el fondo de reserva individualizado puedan recuperar de manera completa sus recursos.

También demandaron que no se inicien procedimientos administrativos de responsabilidad ni de destitución a ningún trabajador que haya participado en dicho movimiento, en defensa de sus derechos laborales, ni se ejecute otro tipo de represalia jurídico laboral.

Además, presionan para que quienes se encuentran inscritos en el seguro de separación individualizado puedan recuperar al menos 50 por ciento de sus recursos, aun cuando sea por causas distintas a las pactadas y privilegiar la subsistencia de esa prestación en los años subsecuentes.

Solicitan el compromiso del CJF de acatar las suspensiones otorgadas por los jueces de distrito en los juicios de amparo indirecto promovidos por diversos quejosos en contra de la enmienda.

Insisten en que se garantice por escrito a todos los afectados que durante el presente año no se disminuirán salarios, así como el pago íntegro de la asignación adicional (bono) de noviembre, aguinaldo, despensa, vestuario, prima vacacional y demás prestaciones que se cubren en diciembre.

Reclaman respetar la carrera judicial, así como el acceso y promoción para los trabajadores que cuentan con nombramiento de secretario, actuario y oficial judicial, a fin de participar en los exámenes de oposición para acceder a los cargos inmediatos superiores, incluso como jueces de distrito y magistrados de circuito, sin aplicar el sistema de elección por voto popular.

El pliego también demanda que todas las plazas clasificadas actualmente en el catálogo de puestos del PJF sean basificadas conforme a lo analizado en las mesas de trabajo. Solicitan que, en el caso de renuncia de empleados, por no desear continuar su relación de trabajo con el nuevo órgano de administración judicial, se les cubran las indemnizaciones legales de tres meses de salario integrado, más 20 días de salario integrado por cada año de servicios prestados, acorde con la antigüedad laboral completa, así como las demás prestaciones a que tengan derecho. Exigen la continuidad del seguro de gastos médicos mayores, sin perder la antigüedad generada en el mismo.

No sólo eso: además piden el respeto y cumplimiento irrestricto de todas las prestaciones en dinero y en especie consignadas en las condiciones generales de trabajo que actualmente se tienen celebradas con el Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que se les dé continuidad por el nuevo órgano de administración judicial, e incluso, se pacten otras que mejoren las actualmente convenidas en dicho instrumento laboral.

Los trabajadores del PJF del primer circuito llegaron a las oficinas del sindicato después de las 10 de la mañana.

Pidieron que el secretario del sindicato escuche a los agremiados inconformes, así como una representación digna ante los legisladores, ya que se encuentra entre los convocados para la elaboración de las leyes secundarias de dicha enmienda.

Patricia Aguayo Bernal, autodenominada vocera de los trabajadores, expresó que el sindicato, lejos de iniciar una defensa expresa en contra de la reforma, una vez más afectará sus derechos laborales.

“Gilberto González se ha limitado a decir que con el artículo décimo transitorio se están protegiendo nuestros derechos, lo que significa un desconocimiento total de las leyes laborales y burocráticas. No tiene la más remota idea de la manera en que esta reforma nos va a afectar verdaderamente. Lo que pretende es obtener un beneficio personal; no podemos determinarlo a ciencia cierta, lo que sí podemos ver de manera palpable es que él no nos está defendiendo.

Incluso, ahora que él ha estado asistiendo a reuniones con los legisladores se ha limitado a exponer que debe dejarse sin efectos el artículo 51 bis, cuando ese precepto se emitió hace nueve años y él no lo impugnó de inconstitucional cuando debió haberlo hecho. Ahora pretende solventar esa omisión en que incurrió, no obstante que ya muchos compañeros han sido afectados por la aplicación de ese artículo y se les ha iniciado procedimientos administrativos y despedido injustificadamente. No ha hecho una defensa clara de esos compañeros. Ha permitido la aplicación de este precepto y ahora quiere echarlo abajo a través de vendernos y de no defender verdaderamente nuestras prestaciones laborales. Es por eso que estamos aquí exigiendo su separación del cargo.