La impugnación del Instituto Nacional Electoral (INE) ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desató controversia en materia de derecho electoral, además de una lluvia de juicios de inconformidad que hasta el cierre de la edición superaban 35, los cuales están en contra del acuerdo de la declaratoria de inicio del proceso electoral para ministros, magistrados y jueces al demandar que la sala superior analice su legalidad.

A raíz de la ausencia de una ley secundaria de la reforma al Poder Judicial para tener claridad respecto de cómo proceden tanto las suspensiones provisionales otorgadas por los jueces federales, como el juicio electoral interpuesto por el instituto, en el que le pide al tribunal que dé luz verde para seguir con los preparativos, se han generado estas controversias, en las que aún no se ofrecen respuestas y existen posicionamientos jurídicos contrarios.

Especialistas de la organización Laboratorio Electoral, al igual que la ex magistrada del TEPJF, Gabriela Villafuerte, señalan que el recurso que presentó el instituto fue erróneo, porque la sala superior no es competente para resolver la determinación de jueces federales.

Contrario a estas posturas, el INE alega que los amparos otorgados por los jueces federales carecen de competencia para pronunciarse sobre normas generales y actos de contenido electoral, al tiempo que dichos mandamientos y sus efectos constituyen una invasión de atribuciones que sólo competen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las salas del tribunal electoral.

La impugnación del órgano electoral argumenta que los amparos están encaminados a la obstaculización de la función estatal de organizar elecciones conferida al INE, por lo que demanda resolverlos como improcedentes.

Aunado a las suspensiones provisionales, en las pasadas 48 horas diversos actores han presentado ante la sala superior impugnaciones contra el acuerdo del INE por el que se emitió la declaratoria del inicio del proceso electoral extraordinario en el que se elegirán ministros, magistrados y jueces.

Una revisión hecha por este diario confirmó más de 35 juicios contra este acuerdo, de los cuales 22 fueron turnados a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, tres al magistrado Felipe Fuentes Barrera, otros tres a la magistrada Janine Otálora Malassis, dos a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y otros dos a la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso.

Estas impugnaciones fueron admitidas entre el domingo y lunes pasados, las cuales serán analizadas por las cinco magistraturas y después cada ponencia presentará al pleno las propuestas sobre éstas, en las que es muy probable que haya posicionamientos encontrados, debido a que cada magistrado hará su propia interpretación jurisdiccional sobre una reforma que ha desencadenado una serie de procedimientos jurídicos que buscan frenarla, pero también que solicitan continuar con el proceso, como lo pide el INE.

De hecho, el juicio electoral urgente que interpuso el instituto advierte en las exposiciones de motivos que las suspensiones provisionales otorgadas por los jueces federales suponen un impacto de forma directa en la esfera jurídica de los titulares de juzgados y tribunales, por lo que constituyen un conflicto de intereses en la impartición de justicia.

El órgano electoral administrativo considera que si los jueces emiten resoluciones declarando fundados los juicios, ello evitaría que la reforma constitucional se aplique, lo que significa que conservarían los cargos que actualmente ostentan.

Además, señala que estos amparos van en detrimento del derecho de la ciudadanía a participar en un proceso comicial para elegirlos de forma directa, por lo que deberían desecharse lisa y llanamente.