Ciudad Juárez, Chih., Siete comunidades rarámuris ubicadas en cuatro municipios de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, exigen dar cumplimiento a sentencias jurídicas ganadas en juzgados como parte de sus luchas por recuperar sus territorios.

Los habitantes de los pueblos originarios pertenecen a Bosques de San Elías Repechique, municipio de Bocoyna; Mogótavo, Huetosachi, Bacajípare, ayuntamiento de Urique; Monterde, en Guazapares; El Manzano, en Uruachi, y Huetosachi, en Guachochi.

Los pobladores iniciaron una etapa de lucha por el incumplimiento de sentencias en favor de su territorio que les llevó muchos años.

Los inconformes denunciaron que al menos dos veces el secretario general de Gobierno estatal, Santiago de la Peña, y el subsecretario de Gobernación, Óscar González, los han dejado plantados a pesar de tener citas programadas.

Los quejosos sostuvieron un encuentro en el Congreso del estado con el diputado priísta Roberto Arturo Medina, presidente de la Comisión Legislativa de Pueblos y Comunidades Indígenas.

También se reunieron con los legisladores de Morena, Edin Cuauh-témoc Estrada, Leticia Ortega, Rosana Díaz, María Antonieta Pérez, Óscar Daniel Avitia y Elizabeth Guzmán.

A todos les pidieron que intervengan para que se cumplan las sentencias que han ganado en distintos litigios y presentaron un plan de desarrollo para sus comunidades elaborado en conjunto con la organización de la sociedad civil Consultoría Técnica Comunitaria, titulado Nátiga Busuré.

En el documento señalan temas relevantes para los habitantes de las distintas comunidades como salud, medio ambiente, educación, seguridad, economía, turismo y artesanías, con el objetivo de garantizar el bienestar y la autonomía de las comunidades indígenas.

Conciben el desarrollo como una vida tranquila, respeto y armonía con la naturaleza, en donde puedan habitar y sembrar las tierras para tener alimentos sanos, respirar aire puro, recuperarse y vivir sus tradiciones, trabajos estables, comercios justos para el turismo, la artesanía y así se ejerza su autonomía,, menciona el plan Nátiga Busuré.

También cita las obligaciones de los gobiernos federal y estatal en relación con la creación del Consejo Consultivo del Fideicomiso Barrancas del Cobre, que busca compensar a las comunidades afectadas por el proyecto turístico en la región.