Buenos Aires., La decisión del ministerio de Salud del gobierno ultraderechista de Javier Milei de cerrar el hospital nacional de salud mental Licenciada Laura Bonaparte comenzó por suprimir las guardias y la internación de pacientes, lo que conmocionó a profesionales, a la población y a los otros hospitales que están bajo amenaza. Coincide con una larga y severa carta pública que Amnistía Internacional (AI) envió al mandatario, con fuertes reclamos.

En la misiva, la organización sostiene: Nos alarma el incremento de la pobreza, que se ataquen los derechos humanos y también reclama al mandatario por encabezar una confrontación violenta e intolerante, propia de prácticas autoritarias. Advierte sobre la utilización del discurso del odio y el peligro de que en nombre de la seguridad se tomen medidas que ponen en peligro a la población.

En tanto, los profesionales de salud mental repudiaron la medida gubernamental y comenzaron un reclamo alrededor del edificio con una vigilia de toda la noche. Se quedaron con pacientes internados que no tienen un lugar similar a donde ser trasladados.

El hospital lleva el nombre de Laura Bonaparte, reconocida sicóloga fallecida, cuyo esposo, Santiago Bruschstein, estando enfermo del corazón fue secuestrado de su casa en 1976 bajo la dictadura, y murió a manos de los criminales. Luego, sus hijos también fueron sustraídos, Noni (fines de 1975), Irene y Víctor (en 1977), todos desaparecidos. Sólo sobrevivieron Laura y su hijo menor Luis Bruschstein, ambos exiliados en México.

Junto con un importante grupo de sicólogas, Bonaparte trabajó en un servicio de salud mental de puertas abiertas en el municipio de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, en un barrio popular, dirigido por el siquiatra Mauricio Goldemberg, experiencia que revolucionó el sistema, reconocida a nivel mundial. También fue observadora de AI en Guatemala, El Salvador y en Nicaragua, en los primeros tiempos de la revolución sandinista.

Es necesario conocer lo que hay además detrás de esta decisión, dijo el periodista, columnista y escritor Luis Bruschtein, a La Jornada. “Es un mensaje no sólo en el terreno de la salud en general, sino político –muy evidente– en el tema de los derechos humanos”. Laura fue integrante de Madres de Plaza de Mayo.

A esto se añade que el edificio del hospital es histórico, data de 1889; desde entonces acogió a diferentes instituciones. En 2012, por resolución del ministerio de Salud, fue destinado a una nueva misión, en el marco de la Ley Nacional de Salud, con el objetivo de asegurar el derecho a la protección de la salud mental y el pleno goce de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental que se encuentren en el territorio nacional.

A mediados de 2016 se modificó el nombre de la institución y pasó a llamarse Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Licenciada Laura Bonaparte.

Es una definición de la política de destrucción, no sólo de la memoria histórica, sino de la salud pública, que, como la educación, el gobierno intenta anular. Si se le deja avanzar, va por todos los hospitales de salud pública, sostienen los trabajadores del Bonaparte, que van a permanecer en el inmueble y desmintieron la información de las autoridades de que no había suficientes pacientes”, cuando a lo largo de este año, se ha atendido a más de 25 mil personas.

Servicio esencial

Asimismo, denunciaron que el cierre del lugar dejaría sin tratamiento a miles de pacientes en salud mental, incluidos niñas, niños y adolescentes. No nos pueden mentir, no se trata de números. Este hospital brinda un servicio esencial a toda la comunidad y más en este momento de crisis.

También anunciaron que permanecerán de manera pacífica en las instalaciones, y no descartamos que en las próximas horas las acciones incrementen, dijo un dirigente sindical de Trabajadores del Estado señalando que son casi 700 puestos de empleo. Asimismo, advirtieron que no van a aceptar ningún tipo de criminalización y judicialización de la protesta porque estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho a trabajar.

Por otra parte, el nuevo ministro de Salud, Mario Lugones, también pidió la renuncia del consejo de administración del Hospital Garrahan porque, ante la indiferencia del gobierno de aumentar salarios –que están por debajo del mínimo necesario–, para salvar la situación decidieron otorgar un bono de 500 mil pesos a los médicos. El Garrahan es el único hospital de niños que hace trasplantes y atiende enfermedades que no pueden ser tratadas en otros lugares; es reconocido en toda la región por su alto nivel de complejidad.

El personal es altamente especializado, por lo que es un crimen dejar este hospital a la deriva, después de tantos sacrificios y tantas vidas salvadas denunciaron los trabajadores. Sostienen que mientras la libertad se restringe cada día más, la amenaza de cierre de hospitales públicos es de una crueldad que identifica al gobierno actual. Además plantearon que las medidas gubernamentales están destinadas a destruir y entregar al país.