De 248 detenidos, 97 resultaron exonerados por fallas en las indagatorias
Viernes 27 de septiembre de 2024, p. 5
En 10 años, las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) no han logrado una sola sentencia condenatoria, aunque en ese lapso hayan sido detenidos 248 presuntos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De ese total, 97 fueron exonerados por fallas en la integración de las indagatorias o porque sus confesiones fueron obtenidas bajo tortura.
De septiembre de 2014 a la fecha se encuentran sujetas a juicio 151 personas, 120 en prisión preventiva y 31 con medidas cautelares; entre los acusados, 39 han sido identificados como miembros de Guerreros Unidos; 88 policías municipales (48 de Iguala, 16 de Huitzuco y dos de Cocula); 10 elementos de la Policía Preventiva Estatal de Guerrero; seis elementos de la extinta Policía Federal y seis agentes de la Policía Federal Ministerial.
Hay 60 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar y tres extradiciones; en este periodo, los tribunales dictaron libertad por falta de elementos a 25 personas, otras siete recibieron sentencia absolutoria y 65 fueron liberadas por los efectos de un juicio de amparo, por presuntos actos de tortura.
Los datos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) refieren que de 2014 a la fecha se han librado 404 órdenes de aprehensión, de las cuales 225 se solicitaron en este sexenio. Del total, se cumplimentaron 344 y 60 están pendientes.
Asimismo, al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, aunque han sido señalados como parte del grupo responsable de la desaparición de los 43 , no se les ha acreditado su responsabilidad.
Por este caso también se encuentran sujetos a prisión preventiva el ex fiscal antisecuestro de la Procuraduría General de la República (PGR) Gualberto Ramírez Gutiérrez y el ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero Leonardo Octavio Vázquez Pérez.
Destacan las consignaciones realizadas en contra de cinco ex funcionarios de la PGR, entre ellos el ex titular Jesús Murillo Karam; Blanca Alicia Bernal Castillo, agente del Ministerio Público Federal, y la acusación penal en contra de 16 militares; a este respecto, todos ellos han logrado enfrentar su proceso fuera de prisión.
Respecto a la Secretaría de Marina (Semar), fue detenido el marino Ariel Agustín Castillo Reyes, por participar en actos de tortura en contra de uno de los detenidos por el caso Iguala; esto, ya durante la actuación de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación para Ayotzinapa (Ueilca), que actualmente encabeza el fiscal Rosendo Gómez Piedra.
Uno de los grandes pendientes es la extradición del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón de Lucio, quien huyó a Israel.
Dispersión de causas
Uno de los grandes problemas que tiene el caso Ayotzinapa es la dispersión de las causas penales y los centros federales en los que los inculpados fueron puestos a disposición de los jueces.
De 2014 a 2018, cuando se iniciaron gran parte de las indagatorias, se abrieron ocho causas penales, la mayoría se concentraron en juzgados federales con sede en Toluca, estado de México; Matamoros, Tamaulipas, e Iguala, Guerrero, pero la mayoría de los acusados estaban presos –más de 86– en penales de Tepic, Almoloya, Morelos, Villa Aldama, Veracruz, Durango o Puente Grande.
La integración de las investigaciones, peritajes y referencias probatorias suman a la fecha más de 350 tomos. Ante el reclamo de los padres de los 43 normalistas y sus defensores, el Consejo de la Judicatura Federal dispuso la concentración de expedientes en juzgados que se encuentran en Matamoros, distribuyendo la carga entre los tres juzgados de primera instancia.
Ejecutores muertos
El año 2021 fue fatal para cuatro de los principales involucrados y posibles testigos de lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014; en junio, Humberto Velázquez Delgado, El Guacho, ex comandante de la Policía de Investigación Ministerial en el estado de Guerrero, presunto integrante de Guerreros Unidos y considerado uno de los partícipes de la desaparición de los normalistas, fue ejecutado de cuatro tiros.
El 25 de julio de ese año murió de covid-19 Mario Casarrubias Salgado, El Sapo Guapo, fundador junto con sus hermanos Sidronio, Adán y José Ángel del cártel Guerreros Unidos.
En agosto de 2021 fue ejecutado otro presunto jefe regional del mismo grupo delincuencial, El Bandam, Moisés Brito Bautista. El homicidio se perpetró en Cuernavaca, Morelos.
Juan Salgado Guzmán, El Indio, tío de los hermanos Casarrubias y también fundador de Guerreros Unidos, fue asesinado por agentes de la Policía Federal Ministerial el 22 de septiembre de 2021 en Metepec, estado de México, cuando supuestamente ya estaba acordada su entrega como testigo protegido.
En los últimos ocho meses, la Ueilca modificó su estrategia para investigar el caso Iguala. Sin descuidar la búsqueda de los normalistas, ha llevado a cabo nuevas investigaciones y para obtener información cambió la situación jurídica de quienes obtuvieron en 2018 su liberación por delincuencia organizada gracias a un amparo tras acreditar presuntos actos de tortura, entre ellos Gildardo López Astudillo, El cabo Gil, uno de los principales líderes de Guerreros Unidos e identificado como responsable de haber ordenado la desaparición de los estudiantes; asimismo, de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo o El Terco, quien declaró haber participado en la ejecución e incineración de los restos de los normalistas en el basurero de Cocula. Este mes, ambos fueron reaprehendidos y sujetos a proceso penal.
