l huracán John ha causado estragos en buena parte del litoral pacífico mexicano: en Oaxaca dejó dos víctimas mortales, afectaciones en 13 municipios, 54 comunidades con fallas eléctricas y varios caminos en los que fue necesario retirar árboles y lodo; en Michoacán provocó inundaciones de hasta un metro de altura en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, con reportes de vehículos varados y viviendas afectadas, además de obligar a las autoridades a desfogar dos presas, mientras en Colima obligó a cerrar toda navegación y decretar alerta naranja ante la expectativa de su impacto ayer por la noche.
La peor parte se la han llevado el puerto de Acapulco y sus zonas colindantes, donde John provocó tres días de lluvias prácticamente ininterrumpidas (las cuales podrían continuar hoy), con efectos devastadores en barrios que todavía luchaban para recuperarse de los daños causados hace casi un año por Otis.
El azote de ese meteoro destruyó lo que quedaba de cubierta vegetal en las elevaciones que rodean a la ciudad portuaria, por lo que ahora el agua baja a toda velocidad por las laderas, erosionándolas y arrastrando lo que encuentra a su paso hasta las partes bajas. Éstas se encuentran anegadas hasta tal punto que fue preciso interrumpir el suministro eléctrico en varias colonias a fin de evitar percances.
Por fortuna, la fuerza y la letalidad del huracán resultaron mucho menores que las de Otis, por lo que esta vez los edificios no fueron arrasados y hubo sólo cinco muertes en Guerrero, en comparación con las 50 de hace un año. Sin embargo, estos fallecimientos son también trágicos y, como se dijo, la destrucción afectó a hogares y negocios que apenas levantaban cabeza tras haberlo perdido todo o casi todo.
Es lamentable que a la tragedia se sume la rapiña de individuos que aprovecharon la conmoción para saquear comercios mientras el ciclón golpeaba el puerto, con lo que no sólo afectaron el patrimonio de sus conciudadanos, sino que pusieron en riesgo sus propias vidas.
Es imperativo que las autoridades desplieguen todo el auxilio necesario en esa región doblemente castigada, donde las acciones deben incluir el restablecimiento del orden público, el salvamento inmediato de los damnificados y la provisión de víveres, tareas en las que la sociedad ha de involucrarse con la solidaridad y la empatía mostradas en el pasado. Más allá de lo inmediato, tiene que implementarse un plan de largo plazo que permita reactivar la economía, reconstruir los inmuebles dañados y generar la infraestructura, tanto física como institucional, que reduzca el riesgo de catástrofes ante la evidencia de que los meteoros fortalecidos por el cambio climático no dejarán de azotar a la que fue joya máxima del turismo mexicano.
Estas labores no deben verse entorpecidas en modo alguno por la transición en el gobierno federal que culminará el próximo lunes. Hasta ahora, la coordinación en el proceso sucesorio ha sido exitosa y fluida, y así ha de continuar a fin de que no se interrumpa ni por un minuto el flujo de ayuda a la población afectada.
