En su tercer informe sobre los trabajos para dar con los normalistas de Ayotzinapa, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso (Covaj) detalló que se analizaron varias petrosas –hueso temporal del oído interno– encontradas en diversas búsquedas de campo de zonas donde se pensaba podrían hallar restos de los estudiantes.

Sin embargo, reconoció esa instancia, de las 129 muestras que se tomaron para análisis, ninguna dio resultados positivos en la confronta con los perfiles genéticos de los normalistas.

A cinco días del cierre del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Covaj dio a conocer su último reporte de 100 páginas en el que detalló que se analizaron además 132 perfiles genéticos –de mil 500 que estaban pendientes– y tampoco coincidieron.

Sobre la presencia de militares en la zona donde se dieron los crímenes, en el reporte se apuntó que sólo se ha documentado que el día de los hechos estuvieron en algunas calles, en el C4 y en la comandancia de la policía municipal.

En el documento se agregó que se encontraron además 15 folios y 70 documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional –con información reclamada por las familias– que se habían entregado a la comisión desde 2021 y que se habían extraviado.

La Covaj –presidida por Arturo Medina, quien en octubre de 2023 sustituyó a Alejandro Encinas en la presidencia de esa instancia y en la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación–, enfatizó que organizaciones civiles, organismos internacionales y periodistas han minimizado el enfoque en torno a la responsabilidad del grupo criminal Guerreros Unidos en la desaparición de los normalistas.

“La identificación (genética) de dos de los estudiantes desaparecidos –que se dio cuando Encinas aún era subsecretario– fue a través de información proveída” por miembros de ese grupo delictivo que participaron como colaboradores.

Reportó que de octubre de 2023 –a partir que el subsecretario Arturo Medina tomó la presidencia de la Covaj– a la fecha, se han cumplimentado 23 órdenes de aprehensión de personas relacionadas con el caso. Entre los detenidos hay miembros de Guerreros Unidos; ex policías de Iguala, Cocula y Huitzuco, y militares.

Un tema en el que se hizo especial énfasis en el reporte es en un análisis de la sentencia de Tribunal Colegiado en Tamaulipas, cuya resolución tuvo como consecuencia la liberación de 65 probables responsables que, se ha argumentado, fueron víctimas de tortura por los agentes que iniciaron las indagatorias en la extinta PGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Para la Covaj, esta sentencia judicial derivó en una triple impunidad, pues no esclareció los hechos, no ayudó a encontrar a los desaparecidos y no sancionó a los responsables.

Informó además que para romper el llamado pacto de lealtad criminal, el presidente López Obrador instruyó formar una comisión de funcionarios de alto nivel para hablar con quienes pudieran tener información, incluidos presuntos criminales.

La mencionada comisión está conformada por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde; y el subsecretario Medina, y visitó penales federales y locales en los que están recluidas diversas personas relacionadas con el caso.

La Covaj concluyó: el Estado mexicano ha demostrado un compromiso incansable para proporcionar verdad y justicia, garantizando que los responsables, sin importar su condición, enfrenten las consecuencias legales de sus acciones.

Apuntó que no se descartará ninguna línea de investigación y que seguirá trabajando para sumar todos los indicios que nos permitan encontrar a los jóvenes, sancionar a los responsables, dar con la verdad, hacer justicia y que estos terribles hechos nunca más se repitan.