Un juez federal definirá mañana la situación jurídica de Felipe Salgado Rodríguez, El Cepillo, identificado como uno de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya que su defensa solicitó ampliación del plazo.

Salgado Rodríguez fue detenido el pasado 20 de septiembre, en un domicilio de la colonia Las Vigas, en Acapulco, Guerrero, durante un operativo encabezado por personal de la Policía Federal Ministerial.

Tras su detención quedó a disposición del Ministerio Público Federal en las instalaciones de la FGR en esa ciudad, pero a pesar de los días transcurridos el Ministerio Público Federal no ha dado a conocer a disposición de qué juez quedó ni tampoco si fue encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, como ocurrió con Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, líder regional de Guerreros Unidos, quien fue reaprehendido el 6 de septiembre y ya se encuentra vinculado a proceso por delincuencia organizada.

Fuentes de la FGR indicaron que la reaprehensión de ambos integrantes de Guerreros Unidos, la organización delictiva que llevó a cabo la privación ilegal de la libertad y posterior desaparición de los 43 normalistas, fue a petición de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca), a cargo de Rosendo Gómez Piedra.

En el caso de Salgado Rodríguez, identificado como El Cepillo o El Terco, declaró en 2015 al Ministerio Público Federal que había privado de la vida con disparos de arma de fuego a más de 10 normalistas la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Sus declaraciones formaron parte de la llamada verdad histórica debido a que fue a quien se señaló de haber trasladado a los normalistas al basurero municipal de Cocula, asesinarlos y, tras haber incinerado sus cuerpos, lanzar sus restos dentro de bolsas al río Cocula.

Sin embargo, aunque se le acusó de privación ilegal en la modalidad de secuestro y delincuencia organizada, en junio de 2018, fue dejado en libertad por un juez federal con sede en Tamaulipas, en cumplimiento a una sentencia de amparo, al considerar que en el expediente no existían suficientes elementos de prueba en su contra por el delito de delincuencia organizada, ya que para el impartidor de justicia el Ministerio Público Federal no acreditó la existencia del grupo criminal Guerreros Unidos.