n reiteradas ocasiones, el presidente López Obrador propuso a la trasnacional estadunidense Vulcan Materials consensuar, negociar, llegar a acuerdos, para poner fin a la devastación ecológica que, desde tiempos de Miguel de la Madrid y con el visto bueno de los otros cinco gobiernos neoliberales, su empresa Calica llevó a cabo por cerca de cuatro décadas–originalmente en sociedad con Ingenieros Civiles Asociados (ICA)– en la zona de Playa del Carmen, Quintana Roo, en donde obtenía piedra caliza para exportarla masivamente a Estados Unidos. El consorcio sistemáticamente se negó, recurrió a instancias internacionales y se plantó en su macho de que de ahí nadie la sacaba.

Pero se equivocó, porque finalmente el presidente López Obrador declaró área natural protegida, con categoría de área de protección de flora y fauna, una amplia zona (53 mil 227 hectáreas) de los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, en Quintana Roo, y tal declaratoria incluye los terrenos en los que operaba Vulcan Materials, por medio de su empresa Calica. El respectivo decreto se publicó el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación y ayer entró en vigor, de tal suerte que no hay vuelta de hoja. Lo único que conserva para sí la altanera cuan chantajista trasnacional es el berrinche que hizo al enterarse de tal decisión.

Así, el citado decreto establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, debe proteger, administrar, manejar, preservar y restaurar los ecosistemas y los elementos del área de protección de flora y fauna Felipe Carrillo Puerto, así como vigilar que las acciones que se realicen dentro de esta se ajusten a los propósitos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de su reglamento en materia de áreas naturales protegidas, del presente decreto y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Y subraya que el artículo 27 constitucional establece que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público y el Estado dictará las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques (...) para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

Así, Vulcan Materials se quedó con las ganas de seguir devastando la zona; desperdició la oferta presidencial y, en territorio nacional, se quedó con las manos vacías. No registró que se acabaron los tiempos en los que los gobiernos neoliberales todo le dieron y permitieron, especialmente en tiempos de Zedillo y su entonces secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias.

Sobre esto último, el presidente López Obrador ha dicho que los gobernantes neoliberales autorizaron a dicha trasnacional explotar un banco de materiales en Playa de Carmen, junto al centro vacacional Xcaret. Pero con Zedillo-Carabias, Vulcan Materials obtuvo permiso para extraer piedra caliza, incluso utilizando dinamita, amén de que violó todas las leyes ecológicas. Ese material se lo llevan a Estados Unidos destruyendo nuestro territorio. Es hipócrita levantar la bandera de evitar el cambio climático y al mismo tiempo destruir el territorio. ¿Dónde están los ambientalistas? ¿Con qué autoridad ética hablan de defender el medio ambiente si no se protegen estas cosas?

También en el gobierno actual, la Semarnat detalló que “la explotación de roca caliza, que se prolongó por más de tres décadas, es considerada el desastre ambiental más grande de la península de Yucatán… Afectaron manglares, selvas, fauna y destruyeron 42 millones de metros cúbicos de suelo cárstico, que requiere millones de años en formarse, y equivale a mil 835 pirámides de Kukulcán, en Chichén Itzá; quedaron devastados al menos tres cenotes, el uso de explosivos contaminó el agua y se retuvieron más de 40 millones de metros cúbicos de agua subterránea, 20 veces más el volumen autorizado a la empresa”.

Las rebanadas del pastel

Qué tristeza: el gobierno español no participará en ningún nivel en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, porque es inaceptable la exclusión del rey Felipe VI (léase no lo invitaron). Tal vez, lo hubieran hecho si las autoridades de España mostraran las actas electorales que lo llevaron al trono, como ellas mismas, duro que te dale, exigen a terceras naciones como prueba de democracia.

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