El ministro Alberto Pérez Dayán propondrá el endurecimiento de los requisitos para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda asegurar cuentas bancarias cuyos titulares son sospechosos de operaciones de lavado de dinero.

Lo anterior en el proyecto de resolución de controversia entre dos tribunales que de acuerdo con fuentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pretende sorprender a sus compañeros de la Segunda Sala, porque utilizará este caso para modificar jurisprudencias.

De aprobarse su proyecto, la UIF debe cumplir una serie de condiciones que incluyen la existencia de una solicitud de una autoridad extranjera en la que de manera expresa requiera la implementación del bloqueo financiero de personas determinadas; la solicitud debe estar formulada por una autoridad extranjera que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para requerir el despliegue de tal medida, y la petición debe estar relacionada con el cumplimiento de compromisos internacionales.

Este asunto surgió debido a un escrito presentado el 15 de agosto de 2023 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la SCJN por José Alfredo Cavazos Mercado, en su calidad de apoderado del ex gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber cometido operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero no ha sido detenido ni llevado ante jueces federales y actualmente es considerado prófugo de la justicia.

Si bien el resultado de este recurso de revisión resulta positivo, no le beneficiará al panista, aunque constituiría un precedente para que alguna otra persona a la que se le hubieran congelado cuentas bancarias, puede recurrir al maximo tribunal solicitando que se aplique el criterio.

A consideración de algunos ministros, la propuesta de Pérez Dayán constituye en realidad una revisión de jurisprudencias, y no entre criterios de dos tribunales, y con ello, en caso de que se apruebe, la obligatoriedad que impondría a la UIF para reunir los requisitos que plantea, permitiría la impunidad para quienes realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En su proyecto, el ministro lo que propone es que se exija que antes de que la UIF proceda al congelamiento de cuentas, una autoridad extranjera debe solicitar de manera expresa la petición de bloqueo.