Para convencer sobre la pertinencia de blindar las pensiones de jueces y magistrados federales que decidan retirarse ante la entrada en vigor de la reforma judicial, un actuario presentó al pleno del Consejo de la Judicatura (CJF) un estudio que señala que de los mil 719 impartidores de justicia que laboran actualmente, 747 (alrededor de 43 por ciento) tienen 55 años y más, con posibilidades de retirarse con ingresos de más de 100 mil pesos mensuales. Esto tendría dos efectos positivos: el primero, una jubilación justa, y el segundo, que ayudaría a que estén vacantes muchas de las plazas que serán votadas popularmente, indicaron fuentes del Poder Judicial.

La reforma del Poder Judicial, cuyo decreto fue publicado el pasado 15 de septiembre, considera que todos los juzgadores serán elegidos por voto popular en dos procesos, el primero en 2025 y el segundo en 2027. A partir de entonces nadie obtendrá salarios que superen los ingresos establecidos para el Presidente de la República.

Por unanimidad y a propuesta de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, en su calidad de presidenta del CJF, el pasado 11 de septiembre los integrantes de este último suscribieron un acuerdo que otorga compensaciones vitalicias, que se sumarán a las pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y que serán de 45 a 80 por ciento del ingreso otorgado por el instituto.

Hasta el pasado 31 de julio, en el CJF laboraban 768 jueces de distrito y 951 magistrados. Los primeros tienen un sueldo tabular neto mensual de 139 mil 210 pesos, y los magistrados, de 152 mil 531, de acuerdo con la Síntesis de la Información Relevante en Materia Administrativa del CJF 2024.

Para garantizar los efectos de este blindaje a las pensiones de jueces y magistrados, se agregó un párrafo al artículo 73 del acuerdo general del pleno del CJF, que establece las condiciones generales de trabajo para magistrados de circuito y jueces de distrito, para quedar como sigue: la jubilación puede ser anticipada cuando los magistrados de circuito o jueces de distrito tengan la posibilidad de solicitar su retiro voluntario cuando cuenten con alguna de las pensiones otorgadas en términos de la Ley del Instituto. Lo anterior, siempre y cuando cuenten con al menos 25 años de servicios en el Poder Judicial de la Federación y hayan sido ratificados.

De esa manera se beneficia a los jueces y magistrados, ya que la Ley del Issste sólo permite la pensión por jubilación con edad mínima de 58 años de edad para los hombres y 56 para las mujeres.

Pero con su acuerdo, el CJF autoriza este beneficio a quienes tengan un mínimo de 57 años de edad y 25 de servicio, y la pensión complementaria puede llegar hasta 52.5 por ciento si tienen 35 años de labor en la Judicatura.

El mayor porcentaje de pensión complementaria (80) se otorgará a quienes tengan al menos 65 años de edad y 35 de servicio.

Jueces y magistrados, ¿dónde están?

De acuerdo con información del CJF, la mayor cantidad de plazas para impartidores de justicia se encuentran adscritas a juzgados y tribunales en la Ciudad de México, con 365. Ello no quiere decir que al cierre de agosto todas las plazas se encuentren otorgadas.

El segundo lugar lo ocupa el estado de México, con 144, y el tercer sitio es Jalisco, con 122. Le siguen Nuevo León 72, Sonora 45, Puebla 69, Veracruz 64, Coahuila 58, San Luis Potosí 30, Tabasco y Coatzacoalcos 55, Michoacán 40, Sinaloa 48, Oaxaca 34, Yucatán 27, Baja California 60, Guanajuato 55, Chihuahua 52, Morelos 37, Tamaulipas 49, Chiapas 38, Guerrero 38, Querétaro 34, Zacatecas 22, Nayarit 24, Durango 17, Baja California Sur 16, Quintana Roo 28, Tlaxcala 19, Hidalgo 23, Aguascalientes 27, Campeche 17 y Colima 14.

Con la reforma hay temas pendientes de definir, uno de los cuales será si 50 por ciento de quienes hoy tienen una plaza (están ratificados y cumplen los requisitos para retirarse de manera anticipada) deciden acogerse al programa, entonces el otro 50 por ciento se quedará de manera automática hasta 2027, cuando tendrían que competir electoralmente.

En tanto, cada uno de los circuitos deberá reducir a los titulares de juzgados y tribunales a 50 por ciento mediante un proceso de selección, y luego inscribirse al proceso que realizará la comisión de especialistas que serán elegidos por los tres poderes para examinar a quienes se acrediten con las mayores calificaciones y de allí surjan los candidatos a la elección.

El decreto de la reforma al Poder Judicial señala al respecto: Los Poderes de la Unión postularán el número de candidaturas que corresponda a cada cargo, conforme a las siguientes cláusulas: “Cada poder integrará un comité de evaluación conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

Los mejor evaluados

Los comités de evaluación integrarán un listado de las 10 personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la sala superior y salas regionales del Tribunal Electoral e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, y de las seis personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito. Posteriormente, depurarán dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo, observando la paridad de género. Ajustados los listados, los comités los remitirán a la autoridad que represente a cada poder de la Unión para su aprobación y envío al Senado.