La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav), que sólo registra a las personas que ya han sido reconocidas por una autoridad competente como víctimas directas o indirectas de algún delito, indicó que únicamente tiene a 11 mil 853 personas en esta condición por desaparición por particulares y forzada, ésta última cuando existe participación de agentes del Estado.

El reconocimiento de víctima lo otorgan legalmente, previa investigación, las fiscalías, las comisiones nacional y estatales de derechos humanos, organismos internacionales y las autoridades que victimizaron, como puede ser el caso de instituciones de seguridad.

Las personas reconocidas pueden recibir apoyos económicos, sicológicos y de trabajo social, así como asesoría jurídica, vinculaciones médicas y reparaciones integrales del daño ocasionado, según determinen las autoridades.

El registro de las más de 11 mil 853 víctimas por desaparición es distinto a las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que asciende a más de 115 mil, porque este último se alimenta constantemente de fichas de búsqueda, datos de las fiscalías federal y estatales, las comisiones de búsqueda y por los reportes de los mismos familiares.

Yuriria Rodríguez, titular de la Ceav, explicó que del total de 11 mil 853 personas reconocidas como víctimas por desaparición, 8 mil 151 son del ámbito federal, y de éstas 6 mil 501 son indirectas.

A nivel estatal, dijo que las comisiones locales reportan 3 mil 702 personas víctimas, de las cuales 2 mil 141 son indirectas y de éstas 60 por ciento son mujeres que buscan a un familiar. En tanto que mil 561 son directas.

En sesión del Sistema Nacional de Búsqueda, destacó la importancia de la inclusión de la perspectiva de género en los procesos de reparación y apoyos a las víctimas, ya que se han identificado contextos de violencia distintos contra mujeres familiares de desaparecidos.

Un ejemplo, mencionó Yuriria Rodríguez, es el caso “de una mujer adulta mayor, que a lo mejor desapareció su pareja, y que posteriormente son los hijos –mayores de edad–, quienes están ejerciendo violencia en contra de ella, que lo hacen por el recurso económico que les está dando el gobierno”.