El racismo es un problema que persiste en el país y aunque dejó de ser un tema tabú, no se ha avanzado en el desarrollo de políticas y acciones para su erradicación, advirtieron más de 60 organizaciones que ayer presentaron una agenda nacional contra este tipo de discriminación.

En conferencia de prensa, los activistas demandaron una campaña nacional contra el racismo, revisar con perspectiva antirracista los programas de estudio en los niveles de educación básica y media, y acabar con la usurpación de las identidades de personas indígenas y afromexicanas para fines electorales.

Sobre esta última propuesta, Cecilia Estrada, coordinadora de la Red de Mujeres Afrodescendientes de la CDMX, señaló que la usurpación de identidades políticas en las anteriores elecciones plantea un problema de fondo en el sistema de cuotas, las cuales siguen siendo insuficientes para representar a la diversidad en el país, además de que las pocas que hay son usurpadas con facilidad.

Por ejemplo, expuso, en la Ciudad de México de las cuatro candidaturas afromexicanas a diputaciones locales, tres fueron acusadas por usurpación.

Otro de los planteamientos contenidos en la Agenda Nacional Contra el Racismo 2024 –que contiene 20 propuestas de políticas públicas agrupadas en cuatro principales ejes rectores– es aumentar la presencia de personas racializadas, indígenas y afromexicanas en puestos de toma de decisiones gubernamentales, como son los gabinetes de los poderes ejecutivos, mencionó la activista Khristina Giles.

En los últimos 25 años, las personas afromexicanas e indígenas, que representan a 22 por ciento de la población, no han tenido presencia en el gabinete de alto nivel hasta ahora, de acuerdo con el documento elaborado por el colectivo Racismo Mx.

Sobre la campaña nacional contra el racismo, los activistas señalaron que debe tener cuatro ejes transversales, entre ellos, favorecer la cultura de la denuncia y abogar contra la xenofobia y la criminalización social de las poblaciones racializadas en situación de movilidad.

En este sentido, recordaron que en meses pasados se desarrollaron “campañas sutilmente racistas y xenofóbicas contra las supuestas ‘invasiones’ de personas migrantes con hashtags como #LaCalleNoEsAlbergue”. Ello en referencia a la demanda de un grupo de vecinos de la colonia Juárez que pedían fuera retirado el campamento de migrantes instalado en la plaza Giordano Bruno.

Dinorah Arceta denunció las revisiones migratorias con perfilamiento racial que sufren las personas en situación de movilidad por parte de las autoridades, ya que son interceptadas con base en su color de piel, como se expresan o en su olor incluso, por lo cual es una práctica migratoria contraria de los derechos humanos.

En su participación, Yuteita Valeria, representante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, criticó que la reforma judicial no plantea la incorporación de personas afroamericanas e indígenas, en los cargos de ministros y jueces que serán elegidos por voto popular.