Ante la intención de los partidos opositores de impugnar la reforma judicial avalada por diputados y senadores y más de una veintena de congresos locales, la diputada Olga Sánchez Cordero sostuvo que eso será muy difícil jurídica y constitucionalmente hablando, pero todo mundo tiene su derecho expedito a impugnar cualquier cosa que no le haya parecido.

Entrevistada en el Encuentro Nacional de Mujeres por la Igualdad Sustantiva y el Bienestar, la ministra en retiro también indicó que sería complicado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN ) pueda dar entrada a algún recurso contra esta reforma promovida por el Ejecutivo y emitir una resolución.

Tras la aprobación, el PAN sostuvo que se violaron suspensiones definitivas emitidas por juzgadores y que con base en ese aspecto recurrían a la SCJN.

Sánchez Cordero señaló: No estuve de acuerdo en las suspensiones que otorgaron los jueces, porque no procedían debido a que no había acto de aplicación: no había ley todavía. Fue contra un proceso legislativo, una atribución de los congresos de emitir una ley. ¿Cómo van a suspender una atribución constitucional de un poder del Estado mexicano?, preguntó.

No obstante, acotó que cada juzgador, juez y magistrado tiene su criterio para decir lo que en su condición personal y de acuerdo con el ordenamiento legal proceda. Sobre la posibilidad de que la oposición recurra a instancias internacionales tras agotar las nacionales, consideró que están en su derecho.

La senadora morenista Martha Lucía Mícher aseveró que la reforma que acabamos de aprobar rompe las barreras y los obstáculos de juezas y jueces que maltratan a las mujeres durante años porque no les dan sentencia (en los procesos que interponen), que se burlan de nosotras cuando tienen que emitir una sentencia o jueces que siguen siendo señalados como acosadores o violadores y ahí siguen en el ejercicio de su cargo.

De su lado, la agrupación Equis Justicia para las Mujeres expresó que estará vigilante de que los jueces electos tengan perfiles independientes, centrados en la garantía de derechos y que existan mecanismos de evaluación continuos y rigurosos, así como controles anticorrupción. Serán elegidos, serán exigidos, sostuvo.