Bogotá. El gobierno colombiano presentó ayer al Congreso una nueva reforma fiscal con la cual busca recaudar cerca de 2 mil 800 millones de dólares que servirían para financiar una parte del presupuesto general con el que funcionarán las entidades estatales en 2025.

Se trata de la segunda reforma fiscal durante el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, en el poder desde 2022, que justificó como una forma de estimular la reactivación económica y complementar el presupuesto general de la nación que se discute en el Congreso de forma paralela y que ya ha generado tensiones políticas.

La nueva iniciativa tributaria baja algunos impuestos para las empresas, pero carga a los sectores extractivos; también grava con el IVA a las plataformas digitales de juegos de azar que actualmente no lo tributan y al patrimonio en la categoría de improductivos como una forma de golpear el bolsillo de los más adinerados.

El gobierno asegura que la reforma servirá para la reactivación económica del país. Las cifras oficiales señalan que la economía colombiana tuvo un crecimiento anual de 0.6 por ciento en 2023, lo que representó una reducción de 6.7 puntos porcentuales respecto de 2022.

De los estímulos a la reactivación económica, el más importante es flexibilizar la tasa nominal del impuesto a renta corporativa bajándolo de 35 por ciento, ponderado para grandes, medianas y pequeñas empresas, a 27, dijo a la prensa el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Incentivos a energías renovables y turismo

Sin embargo, algunos de esos beneficios tributarios para empresas no aplicarían para las de petróleo y carbón; en cambio, se incentivarían las energías renovables y el turismo, en línea con la visión del gobierno de Petro que busca sustituir los ingresos del sector extractivo de manera paulatina.

Bonilla explicó que la mitad del monto de la reforma fiscal saldría de los nuevos impuestos y la otra corresponderá a adelantar en 2025 la regla fiscal que está prevista para 2026, la cual es más flexible. La regla fiscal es un instrumento de planeación que busca asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, de modo que no se supere el límite de deuda.