Santiago. La caída en desgracia de una magistrada chilena integrante de la Corte Suprema e implicada en una trama de tráfico de influencias y conflictos de intereses, precipitó el debate ayer acerca de una imperiosa reforma al sistema judicial, particularmente cómo opera el nombramiento de jueces, notarios, conservadores de bienes raíces y otra burocracia.

Como otras instituciones aquí, la justicia padece de un grave desprestigio, con apenas 10.2 por ciento de aprobación, mientras la desaprobación llega a 77.5 expresada en que no garantiza igualdad ante la ley.

A 82 por ciento los tribunales no les generan confianza, 74 temen que sus procedimientos no son claros ni transparentes, y 65 no la creen moderna ni autónoma.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó que se trabaja en un proyecto que permita hacerse cargo de todas las críticas, porque el régimen de gobierno judicial en Chile tiene que cambiar y no sólo enfocarse en el máximo tribunal.

Estamos hablando de todo el sistema de nombramiento judicial que requiere una profunda reforma. Todas las iniciativas parten del mismo acuerdo, que tiene que ser un órgano externo, afirmó.

Es que las esquirlas de las revelaciones en torno a la magistrada Ángela Vivanco, quien como retribución a gestiones para impulsar su nombramiento, accedió a entregar información privilegiada al abogado Luis Hermosilla, ahora preso y procesado por delitos diversos, pusieron en entredicho a toda la institución judicial.

Antes de este caso ya habían trascendido mensajes que Jean Pierre Matus, otro miembro de la Corte Suprema, intercambió con Hermosilla, agradeciéndole sus gestiones para llegar al cargo.

Expresión del daño inherente es la probabilidad de que se revisen todas las causas en que a Vivanco y a Matus les correspondió fallar, anticipando un cataclismo jurídico.

Esta falta de imparcialidad inflige un daño tremendo al Poder Judicial, señala el constitucionalista Javier Couso, lesionando el principio de certeza jurídica porque si estuvo viciado todo el procedimiento, uno se pregunta si tiene el mismo peso la cosa juzgada, no habiendo apelación posible, si se demuestra que estuvo enteramente viciado o críticamente viciado.

Siete decanos de escuelas de derecho publicaron una declaración en la cual afirman que los episodios de tráfico de influencias en que, según ha trascendido, estarían involucrados algunos miembros de la Corte Suprema, afectan principios básicos del estado de derecho, extendiendo un manto de duda acerca de la imparcialidad de la justicia.

Afirman que puede resultar devastador para la justicia que las atribuciones constitucionales de la Corte, como el nombramiento de jueces o la adjudicación de causas, no dependa exclusivamente del mérito de los candidatos o de las razones aportadas en el proceso por los litigantes, sino también de sus redes con los jueces.

Vivanco, ahora suspendida e investigada administrativa por la Corte y judicialmente por la Fiscalía, enfrentará también una acusación constitucional para destituirla que le impediría continuar su carrera judicial.

Y en el celular de Hermosilla hay 777 mil mensajes en revisión.