Guadalajara, Jal., El Colegio de Abogados del Estado acusó al juez Óscar Israel Rodríguez Razón, así como al secretario, al notificador y a empleados del juzgado segundo en materia civil ubicado en Chapala de presuntos actos de cohecho y corrupción para admitir avances en los casos que ahí se ventilan.

José Luis Tello Ramírez, dirigente de la agrupación, aseguró que en la oficialía del tribunal piden mil 500 pesos por obtener turno, otros 3 mil pesos por admitir una demanda, y si no se pagan esas cuotas, la querella es desechada.

Acompañado por jurisperitos que litigan en la zona de la ribera del lago de Chapala, Tello Ramírez señaló en conferencia que se han presentado al menos 2 mil 100 denuncias al respecto ante el Consejo de la Judicatura, pero sin explicación lógica la Comisión de Disciplina no ha dado respuesta a las supuestas investigaciones que debería realizar, y únicamente cambia de adscripción a los jueces, sin sanción.

Hay quejas que tienen alrededor de cinco años y que no se han resuelto. Tenemos 10 querellas nuevas que se han presentado contra el juzgado segundo en materia civil del dicho municipio, señaló.

Anomalías en el área de sentencias

Asimismo mencionó otras anomalías en el área de sentencias del tribunal, en el cual se afirma que existen irregularidades en expedientes que podrían ser subsanadas con pagos de 10 mil a 100 mil pesos, que de no entregarse propician que una sentencia quede en el limbo.

Tello Ramírez expuso que se celebran rifas en las que abogados deben participar obligatoriamente, comprando boletos de mil pesos cada uno, montos que van a parar a los bolsillos del juez Rodríguez.

No podemos tolerar gente corrupta, esto daña la imagen de todos los juzgadores. Los hay buenos, también secretarios decentes, pero no se vale que el cargo de juez, de secretario notificador, sea para enriquecerse en forma indebida, dijo Tello Ramírez.

Por ello, el Colegio de Abogados pidió al Consejo de la Judicatura, así como a su Comisión de Administración y Vigilancia, atender estas denuncias e imponer disciplina y sanciones que abarquen al juez y no se queden en el personal del tribunal.