El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió extender hasta el próximo miércoles la suspensión de labores frente a las protestas contra la reforma del Poder Judicial de la Federación (PJF) en discusión, y acordó revisar este jueves si continúan con esa acción.

Por segunda semana consecutiva los ministros cancelaron sus actividades, luego de que el pasado martes los trabajadores de ese alto tribunal votaron a favor de sumarse al paro que empezaron días atrás los integrantes del PJF.

El ministro Luis María Aguilar Morales explicó que decidieron esperar hasta el jueves para dar tiempo a que el Senado resuelva sobre la minuta de reforma.

El jueves vamos a revisar qué se hizo, ya que se resuelva esto en el Senado, afirmó durante su visita al plantón de trabajadores del PJF sobre Paseo de la Reforma.

En un comunicado, la Corte informó que declaró inhábiles el martes y miércoles próximos en ese alto tribunal, pero se mantendrán las guardias necesarias sin que corran plazos hasta este jueves 12 de septiembre. Además, se convino que las salas deberán acordar si celebran sesión a distancia.

Asimismo, se tramitarán los asuntos urgentes conforme al criterio de las ministras y los ministros a los que corresponda proveer en el ámbito de su competencia.

El acuerdo fue votado en sesión privada del pleno. A favor lo hicieron Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y la presidenta Norma Lucía Piña Hernández.

En contra lo hicieron Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa. Esta última, al salir de la Corte, expresó brevemente que está en contra del paro.

–¿Qué opina de que va a continuar el paro?

–Yo estoy en contra. Creo que nuestra obligación constitucional es trabajar y es dar respuesta a los mexicanos que exigen justicia.

Al respecto, Batres emitió una postura en la que señaló que dicha decisión “vulnera el derecho humano de acceso a la justicia del pueblo de México y además atenta contra la democracia constitucional al paralizar a uno de los tres poderes de la Unión.

Estas conductas no tienen ninguna base jurídica. Se trata solamente de acciones políticas que tienen como finalidad sabotear el análisis y la discusión que se realiza en estos momentos en el Senado de la República sobre la reforma judicial.

Por su parte, Loretta Ortiz emitió una postura en la que advirtió que la determinación de resolver únicamente los asuntos calificados como urgentes resulta innecesario para garantizar el derecho de todas las personas a acceder a la justicia.