Santiago. La Corte Suprema de Justicia de Chile suspendió ayer a la magistrada Ángela Vivanco por su vinculación con el abogado Luis Hermosilla, acusado de corrupción y otros ilícitos. Los nexos entre ambos fueron revelados tras analizar el teléfono del penalista, quien guarda prisión preventiva por lavado de activos, sobornos y delitos contra el fisco.

La magistrada estará suspendida de todas las funciones inherentes al cargo y no podrá conocer ninguna otra causa actual ni futura, como medida cautelar mientras dura la investigación.

Vivanco deberá redactar un informe para la Corte Suprema entregando detalles de su intervención en distintos procesos sensibles en los que participó en los últimos años, como la designación del fiscal nacional, nombramientos de conservadores de bienes raíces y ascenso de jueces en tribunales menores, entre otros.

Esta situación es una de las múltiples aristas del denominado caso audios, escándalo que podría convertirse en uno de los mayores en la historia del país.

La investigación comenzó cuando la fiscalía intervino el celular del influyente abogado Luis Hermosilla y encontró conversaciones con antiguos funcionarios de gobierno, distintos líderes políticos, policiales, empresarios, funcionarios estatales y jueces del país para gestionar favores mediante sobornos.

La publicación de un amplio intercambio de mensajes señala que el otrora poderoso jurista hizo campaña para lograr su nombramiento al máximo tribunal del país en 2018, durante el gobierno de Sebastián Piñera, al igual que el magistrado Jean Pierre Matus.

De acuerdo con la evidencia, Vivanco habría hecho numerosos favores a Hermosilla desde su alto cargo, lo cual califica de tráfico de influencias.

El titular de Justicia, Luis Cordero, señaló que este tipo de manejos comprometen abiertamente la independencia y la imparcialidad del sistema judicial.

Por su parte, la ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, reconoció que en América Latina, Chile está entre los países con peor evaluación de sus tribunales y jueces.

En tanto, partidos oficialistas anunciaron ayer que iniciarán un proceso de acusación constitucional para destituir a la jueza Vivanco.

El Partido Socialista subrayó que ha decidido presentar una acusación constitucional contra Vivanco por las graves responsabilidades institucionales que le corresponden en acciones impropias de sus deberes de imparcialidad e independencia, que socavan profundamente la legitimidad de los tribunales de justicia.

Otros partidos oficialistas ya manifestaron su apoyo a la iniciativa liderada por los socialistas, como el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido por la Democracia y algunos diputados del Partido Demócrata Cristiano.

El diputado del Partido Comunista Luis Cuello afirmó que el Congreso tiene el deber de hacer efectiva la responsabilidad de la ministra Vivanco a través de una acusación constitucional.