Chihuahua, Chih., Activistas de la Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) exigieron al gobierno del estado atender el desplazamiento forzado de 300 indígenas de distintas comunidades, entre los que hay mujeres, niñas y niños, resultado de la violencia de grupos criminales en el seccional de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo; sin embargo, las autoridades rechazaron el hecho.

Explicaron que desde el 27 de agosto, los rarámuris de Cinco Llagas, El Cajoncito, Pie de la Cuesta, Las Casas, Placeres, El Silverio y La Trampa, fueron atacados, amenazados y expulsados de sus viviendas por hombres armados, pero el fiscal de distrito zona sur, Juan Carlos Portillo Coronado, negó que el crimen organizado los haya desplazado porque no presentaron denuncia.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua aseguró que no hay casos de desplazamiento forzado en Cinco Llagas y Baborigame, pero reconoció que acudió a proporcionar ayuda humanitaria a las familias indígenas, así como alimentos, medicinas y asesoría jurídica.

El fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, señaló que agentes ministeriales entrevistaron a los afectados que se encuentran y evalúa si los trasladan, toda vez que ninguno de ellos ha manifestado haber sido víctima directa de amenazas.

Por su parte, Santiago de la Peña Grajeda, secretario de Gobierno estatal, recibió a las abogadas de Contec, pero insistió que en Guadalupe y Calvo ocurrió un enfrentamiento entre delincuentes y no hubo desplazamiento de personas.

Las activistas de Contec reconocieron que llegaron militares y efectivos policiacos al poblado Cinco Llagas, pero son insuficientes en comparación con el número de sicarios que integran los grupos del crimen.

Acusaron que en diciembre de 2023, retiraron la base militar de Badiraguato, Sinaloa, ubicada en Portezuelo y en abril pasado, quitaron la base de San Juan Nepomuceno, por lo que todos los poblados aledaños quedaron desprotegidos.