Los planes de justicia que aplicó el presidente Andrés Manuel López Obrador para atender legítimas demandas y reparar agravios históricos de los pueblos y comunidades indígenas, será una de las políticas que tendrá el Gobierno de la Ciudad de México en la próxima administración con el fin de considerar a 825 mil personas que se autoincluyen dentro de ese grupo poblacional.

Nelly Antonia Juárez Audelo, quien será secretaria de Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas Residentes, señaló que una vez que asuma el cargo el 5 de octubre se convocará a las autoridades tradicionales y a los pueblos originarios en general para empezar los diagnósticos y elaborar los planes bajo sus propias formas de gobierno y de toma de decisiones.

En entrevista, señaló que otra de las prioridades de la secretaría será impulsar la transversalidad de todas las políticas públicas, planes, programas y acciones que realicen las dependencias y las alcaldías para atender derechos de la población indígena, como vivienda y comercio popular.

Completar el censo

Advirtió que recibe el encargo con pendientes como la identificación de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en un sistema de registro y documentación, el cual enfrentó el rechazo de algunos núcleos de población, aunque su creación es un mandato de la Constitución local, en cuya redacción ella participó como diputada constituyente, y que consideró fundamental para generar mejores políticas públicas.

La dependencia inscribió a 55 pueblos y cinco comunidades, sabemos que no es el definitivo y, sin duda, hay que reconocer que pueblos que no aparecen en ese listado son originarios de hecho y hay que seguir en un proceso de identificación.

Consideró que la negativa a participar en el procedimiento de inscripción, más que un rechazo al registro, fue a la convocatoria, y justamente estamos revisando jurídicamente qué es más viable: hacer una nueva o modificarla, pero queremos que la identificación y registro sea agradable y no un instrumento que cause más conflicto.

Juárez Audelo, licenciada en derecho por la UNAM, con maestría en gestión pública por la Escuela de Administración Pública capitalina, admitió además una ruptura de algunos grupos con la dependencia, lo que consideró muy lamentable porque debe prevalecer entre las instituciones con los pueblos el diálogo y la cooperación con el fin de evitar confrontaciones, en casos como San Gregorio Atlapulco, Xochimilco y San Sebastián Xoco, Benito Juárez, entre otros, y con los que se propuso propiciar el diálogo e ir directamente a los pueblos: hay que estar en territorio, eso es primordial para poder establecer esta relación.

Refirió que en reuniones con productores de la zona chinampera le manifestaron su preocupación por la comercialización de sus plantas de ornato y que el bosque de Nativitas sea un espacio de trabajo para prestadores de servicios turísticos, temas que se conocen en el territorio, y la intención de la secretaría es escuchar a todos, de mi parte, para todos los pueblos y comunidades estará el diálogo abierto.

Lo mismo, dijo, en el caso del grupo otomí que desde octubre de 2020 ocupa las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), a los que reconoció su legítima demanda de vivienda y con los que trabajará en coordinación con el gobierno federal.

Ese tema es una de las demandas históricas más grandes de los grupos indígenas y aunque se avanzó en este gobierno, hay un padrón y se diseñará una ruta para que dentro de los planes de vivienda exista un programa específico, y aunque no se ha sentado a platicar con quien encabezará la nueva Secretaría de Vivienda, Inti Muñoz Santini, aseguró que es un aspecto que deja muy acabado el actual gobierno y podríamos transitar más rápido.