A solicitud de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), la ministra Norma Piña Hernández, en su calidad de presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó de la apertura de dos consultas para que el máximo tribunal del país analice si está en sus facultades dictar medidas cautelares que suspendan el proceso legislativo y se otorguen garantías a los trabajadores que se verían afectados por la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

En tanto, también se dio entrada a una consulta extraordinaria formulada por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en la que solicitó que la Corte establezca los criterios que rijan los alcances del régimen estatutario de la Jufed, y más concretamente, si resulta o no vinculante su normatividad interna para que sus agremiados obligatoriamente se sumen a una suspensión de labores, aunque expresamente manifestaron su desacuerdo, con la posible lesión a su autonomía e independencia que les asisten por mandato constitucional.

En las listas de acuerdos de la Corte se informó que ambos expedientes fueron turnados a la ponencia de Lenia Batres Guadarrama para que presente proyectos en los que planteé si es posible o no que la Corte ejerza la facultad de atracción como proponen jueces y magistrados.

En días pasados, la organización que integra a jueces y magistrados realizó una solicitud formal para que la Corte analice los alcances que tienen como asociación y si es posible que el máximo tribunal dicte medidas cautelares.

Se precisa que se consulta al tribunal pleno sobre la posibilidad de que la presidencia de este alto tribunal, al conocer un asunto de los previstos en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del PJF, se pronuncie sobre la procedencia de la o las medidas cautelares que se hagan valer. También pide analizar la facultad de decretar como medida cautelar la suspensión del procedimiento de reforma constitucional, hasta en tanto el pleno de la Corte se pronuncie de fondo.

Un juez federal en Colima concedió la cuarta suspensión provisional que ordena a legisladores federales no aprobar, en este caso en el Senado, la iniciativa ya votada en la Cámara de Diputados, y que tampoco se envíe, si continuara el proceso legislativo, a las legislaturas locales para su aprobación.

Francisco Javier García Contreras, titular del juzgado segundo de distrito en el estado de Colima, otorgó la medida cautelar a la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que impugnó la iniciativa que propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución; la omisión de emitir el dictamen respectivo dentro del plazo previsto para ello, así como la omisión de declarar la caducidad del proceso legislativo de reformas a la Carta Magna, entre otras. El impartidor de justicia agendó para el 12 de septiembre la audiencia donde resolverá si concede la suspensión definitiva.