Oaxaca, Oax., La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca determinó que fue una ejecución extrajudicial el homicidio de Diego Ignacio Paz, de 22 años, quien murió el 31 de agosto anterior luego de ser baleado por policías de Santa Lucía del Camino, municipio conurbado a la capital del estado. Por este delito la FGE logró que un juez imputara a los dos agentes involucrados.

La fiscalía destacó que el crimen cometido contra el estudiante de la Universidad Anáhuac de Oaxaca será el primer caso que se investigue con una norma aprobada en junio pasado en la entidad y la primera en México que tipifica dicho delito.

Los policías de Santa Lucía del Camino podrían hacerse acreedores, de acuerdo con la ley, a una penalidad hasta de 70 años de prisión.

El delito de ejecución extrajudicial consiste en la privación de la vida por un agente del Estado, principalmente servidores públicos que laboran en áreas de seguridad, de acuerdo con lo estipulado en el Código Penal de Oaxaca .

La FGE dio a conocer que las indagatorias sobre el caso se realizaron con apego al Protocolo de Minnesota, que fue diseñado por la Organización de Naciones Unidas para investigar los homicidios potencialmente ilícitos o desapariciones forzadas en actos u omisiones del Estado.

Detalló además que la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto realizó las averiguaciones necesarias para integrar el expediente con pruebas suficientes, a fin de realizar la imputación de este caso paradigmático.

En los próximos días se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso de los dos oficiales acusados, a fin de que el juez de control determine su situación jurídica.

Diego Ignacio Paz falleció a causa de los disparos que hicieron los elementos municipales después de que el joven y su acompañante, Josué R. M., intentaron evadir un retén de alcoholímetro en la avenida Lázaro Cárdenas de Santa Lucía, lo que derivó en el atropellamiento de un agente.

Familiares y compañeros de Diego Ignacio Paz y de Josué afirmaron que los jóvenes salieron de jugar pádel y fueron detenidos en el alcoholímetro; ahí fueron acosados por un policía vial, que les solicitó dinero para dejarlos pasar. Al negarse, comenzó a insultarlos y amedrentarlos y solicitó apoyo de más uniformados.

Al intentar seguir su camino, fueron perseguidos por los municipales, quienes provocaron que Diego perdiera el control del vehículo. Los uniformados los golpearon dispararon a quemarropa al estudiante, quien falleció mientras recibía atención médica.

El Congreso del estado emitió un exhorto al presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos Márquez, para que separe de su cargo todos los policías implicados en este caso para que la investigación se lleve a cabo con claridad.

Organizaciones sociales, entre ellas el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio, demandaron a la FGE que esta ejecución extrajudicial no quede impune.