Londres. Una investigación pública sobre el devastador incendio ocurrido en 2017 en la Torre Grenfell, en Londres, en el que murieron 72 personas, atribuyó la catástrofe a fallos del gobierno, el sector de la construcción y, sobre todo, las empresas que instalaron revestimientos inflamables en el exterior.

El fuego arrasó el bloque de viviendas sociales de 23 plantas en una de las zonas más ricas de Londres la madrugada del 14 de junio de 2017. Fue el incendio más letal que ha vivido el país en un edificio residencial desde la Segunda Guerra Mundial.

La simple verdad es que todas las muertes que se produjeron eran evitables, dijo el presidente de la investigación, Martin Moore-Bick.

En su esperado informe final, la investigación atribuye la mayor parte de la responsabilidad a las empresas implicadas en el mantenimiento y acondicionamiento del edificio, a fallas de las autoridades locales y nacionales y a las empresas que comercializaron de forma deshonesta materiales de revestimiento combustibles como seguros.

También hubo críticas generalizadas y se culpó al gobierno de entonces, a la autoridad local de Kensington y Chelsea, a la industria, a grupos reguladores, a personas concretas y a un cuerpo de bomberos mal preparado por años de inacción en materia de seguridad contra incendios en conjuntos habitacionales.

No todos ellos tienen el mismo grado de responsabilidad en la catástrofe final, sin embargo, como demuestran nuestros informes, todos contribuyeron a ella de una forma u otra, en la mayoría de los casos por incompetencia, pero en algunos casos por deshonestidad y codicia, declaró Moore-Bick.

El informe de la investigación, de casi mil 700 páginas, afirma que el infierno fue la culminación de décadas de fracaso en las que se antepusieron las ganancias económicas a las personas.

“El deber de los gobiernos debería ser salvaguardar la vida, protegiéndonos de la codicia de las empresas –afirmó Grenfell United, grupo que representa a algunos supervivientes y a familias en duelo–. Sin embargo, durante demasiado tiempo, han ayudado a las corporaciones, facilitándoles obtener ganancias y dictando la regulación”.

Aunque la policía británica dijo que son investigadas 58 personas y 19 empresas y organizaciones, los procesos judiciales –incluidos aquellos por homicidio corporativo y fraude– podrían demorar años debido a la complejidad que implica estudiar el informe de la investigación.

El premier ofrece disculpas

El primer ministro, Keir Starmer, ofreció disculpas a los familiares de las víctimas y supervivientes en nombre del Estado británico, al señalar que se les falló durante años.

“Nunca debería haber ocurrido. El país no cumplió con su deber más fundamental: protegerlos a ustedes y a sus seres queridos –dijo en el Parlamento, ante la mirada de algunos familiares desconsolados–. Hoy es un día de la verdad largamente esperado, pero ahora debe conducir a un día de justicia”.