Morelia, Mich., Las comunidades mazahuas de Donaciano Ojeda y Crescencio Morales, así como los pueblos purépechas de San Francisco Peribán, Santiago Azajo, Tarecuato y Cherán –que cuentan con autogobierno–, recibieron armamento luego de concluir los exámenes de control y confianza que practicó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, así como el registro ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Estas localidades originarias, al igual que otras 35 con gobiernos tradicionales electos por usos y costumbres, y que tienen el reconocimiento del gobierno de Michoacán, han formado sus rondas comunitarias o policías comunales, pero a la fecha sólo las cinco citadas han recibido capacitación y armas.

El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, hizo entrega de armas largas, cortas, cargadores y municiones, lo cual fue financiado con recursos propios de cada una de las comunidades a través del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz.

El funcionario resaltó que el compromiso de los pueblos es cumplir con los trámites necesarios, incluidos exámenes de control y confianza y el registro ante la Sedena, lo que garantiza que sus policías comunales, conocidas como rondas comunitarias o Kuarichas, operen dentro de la legalidad y cumplan con la legislación en materia de seguridad pública.

Por su parte, Pavel Guzmán, dirigente del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, opinó que es un buen principio, pero que son 40 las comunidades que tienen autogobierno, con guardias comunales que carecen de equipo de defensa.

Expuso que los cursos se llevan a cabo en Morelia y duran cerca de dos años; se requiere que la instrucción se realice en las comunidades o bien que policías estatales vigilen los pueblos en lo que se efectúa la capacitación.

Planteó que es necesario que se agilice el procedimiento de capacitación y entrega de armas, pues los pueblos indígenas formaron su propio equipo de seguridad, sin pagar un solo peso a las guardias comunales, porque desde hace al menos 15 años las comunidades originarias son víctimas de despojo, extorsiones, secuestros, entre otros ilícitos cometidos por células criminales.